El miércoles 22 de abril, a las 12.30, en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba se llevará adelante una manifestación de personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones, en el marco del paro nacional del sector a través del cual se exige la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Paralelamente, se denuncia que el 3,4% de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei resulta insuficiente frente a la grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo.
«Sin prestaciones, sin derechos, sin dignidad, hay lucha», expresa el documento firmado de manera conjunta por la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Converger y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).
Denuncian las organizaciones que el Gobierno Nacional no cumple con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso; y que cortaron los pagos de Incluir Salud al menos desde diciembre, mantienen los aranceles un 40% por debajo de lo que dicta la Ley; e incluso el Gobierno «amenaza con un proyecto de ley que criminaliza a las personas con discapacidad y las organizaciones».
A nivel nacional se llevarán adelante diversas movilizaciones para sostener el carácter federal del reclamo.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el Foro Permanente de Promoción y Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a manifestarse frente al Ministerio de Salud de la Nación, para exigir «actualización urgente de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda» que se mantiene con el sector.
Desde el Foro, que nuclea a agrupaciones de personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de todo el país, informaron que fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 41/2026 del Ministerio de Salud, que establece una actualización del 3,4% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para el mes de abril.
«El incremento es uniforme para todas las prestaciones. Se reconoce un 20% adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas», detalla el Foro, al tiempo que advierte que esta actualización resulta insuficiente frente a la grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo.
