El Ministerio de Justicia de la Nación informó este lunes 10 de junio el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país. El coordinador de la región centro de este programa, Sergio Job, precisó que con esta decisión, las comunidades pierden una herramienta de cercanía con los derechos y se perderán 13 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba.
«Los CAJ cumplen una función fundamental para gran parte de la comunidad, que es garantizar y efectivizar un montón de derechos que están declamados, pero a los que un importante sector de la sociedad no tiene ni las capacidades técnicas ni culturales ni conocimiento ni empoderamiento para ejercerlos», indicó Job, consultado por este Portal.
El abogado, que coordina la región centro de este programa, que abarca nueve CAJ ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa; responsabilizó de esta decisión tanto al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, como a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro.
Detalló que los CAJ trabajan en barrios populares, zonas rurales y comunidades indígenas, en trámites tan disímiles como la inscripción a programas de desarrollo social, la gestión de documentaciones o la resistencia a un desalojo; cuestiones de violencia de género o problemas laborales. «Hacemos también mediaciones comunitarias, que muchas veces evitan la hiperjudicialización de cualquier conflicto«, completó.
«Somos un lugar de consulta y atención primaria, en términos de acompañamiento, e intervenimos de manera interdisciplinaria. Los equipos tienen un abogado, un psicólogo, una trabajadora social y un administrativo», agregó y destacó que entre 2020 y 2023, a lo largo y a lo ancho del país, los CAJ realizaron 1.300.000 gestiones.
«Estamos ubicados en lugares donde la presencia del Estado es escasa y también hacemos operativos itinerantes. El CAJ es un espacio de cercanía, que está en el territorio. Lejos de cerrarlo, habría que multiplicarlo», remarcó el abogado Sergio Job.
El comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación, respecto del cierre de los CAJ, justifica la decisión ante presunta ineficiencia, falta de resultados, duplicación de funciones que cubrirían el resto de los agentes de la Justicia, con un costo anual de ocho mil millones de pesos.
Job confrontó taxativamente estos datos emitidos oficialmente («lo que publicó el Gobierno es mentira«) y alertó sobre el perjuicio en las comunidades que generará el cierre de los CAJ: «Las comunidades pierden capacidad instalada y personal formado profesional y humanamente. Y pierde el Estado una política pública con 15 años de experiencia. Es muy grave para el Estado y para el pueblo. De esto tendrían que tomar nota los gobiernos provinciales, que tendrían que defender los CAJ, que les solucionan un montón de problemas».
Puntualmente, calificó como «una concepción muy restringida de lo que es el acceso a la justicia» su reducción a la posibilidad de «judicializar algo».
Y concluyó: «Implica acompañar y escuchar a las comunidades y personas que tienen situaciones complicadísimas y sufren el abandono de la sociedad y el Estado. Con la desaparición de los CAJ, miles de ciudadanos se quedan sin un lugar para solucionar problemáticas complejas y graves«.
