La Red Nacional de la agrupación H.I.J.O.S. expresó su «más profundo repudio» a la Acordada 21/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bajo la apariencia de un protocolo médico, establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de libertad, generando una herramienta que «facilita el acceso a la prisión domiciliaria para quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura».
«Es la misma Corte que intentó instalar el beneficio del 2×1 para los genocidas en el año 2017 durante el gobierno de Macri, y que logramos frenar con la movilización popular en todo el país», resaltan desde H.I.J.O.S. y exigen al Poder Judicial que «garantice el respeto a los tratados internacionales de Derechos Humanos y las condenas de cumplimiento efectivo en cárcel a los responsables del terrorismo de Estado».
«No son viejitos buenos, el transcurso del tiempo no borra sus crímenes«, destacan a continuación y precisan que en cientos de juicios que se vienen desarrollando en el país no se ha escuchado ninguna señal de arrepentimiento de los genocidas respecto de los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura cívico – militar – eclesiástica.
Y subrayan que tampoco han quebrado el pacto de silencio bajo el cual esconden la información sobre el destino final de las personas desaparecidas ni sobre las nietas y nietos apropiados por el terrorismo de Estado.
«Reclamamos el cumplimiento por parte del Estado argentino del derecho a la salud de todas las personas que habitan nuestro país. Para ello, el Estado tiene que asegurar las atenciones médicas que correspondan a los genocidas, y los magistrados cuentan con las atribuciones para ordenar su cumplimiento», apunta el comunicado de H.I.J.O.S., remarcando que la medida de la Corte «constituye un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia».
Asimismo, convocan a la sociedad a mantenerse alerta y movilizada frente a cualquier «intento de retroceso en nuestras conquistas colectivas» y reiteran que «el único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva».
