Por Somos Télam (*). El reconocido genetista Víctor Penchaszadeh y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, coincidieron en que la Ley Bases, que obtuvo media sanción de Diputados, “mantiene en riesgo” al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y que su eventual disolución, fusión o transferencia a las provincias, traería “consecuencias irreparables” para las víctimas de apropiación ilegal durante la última dictadura, que buscan recuperar sus identidades.
Es que el artículo 3 de esta iniciativa del oficialismo faculta al Poder Ejecutivo a “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” de organismos públicos; así como su “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El mismo apartado enumera las únicas excepciones: el Conicet, ANLIS-Malbrán, la ANMAT, el INPI, el INCAA, el ENACOM, la ARN, la CONAE, la CNA, la CONEAU, la CNV, el INCUCAI, la UIF y el INTA.
Entre las sonoras ausencias en estas excepciones está el BNDG, lo que generó alarma en los organismos de derechos humanos y motivó el pronunciamiento del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), que reclamó públicamente a las diputadas y diputados que “garanticen la preservación” del Banco, a lo que el vocero presidencial respondió asegurando que éste “seguirá funcionando como lo viene haciendo hasta ahora” porque “no está en los planes del Gobierno tomar ninguna medida ni ninguna modificación”.
Sin certezas
“Lo dicho por el vocero presidencial de que no hay intención de modificar o disolver el BNDG, no elimina que pueda haberla en el futuro. La credibilidad de esas palabras es nula, y fueron dichas simplemente para calmar las conciencias de diputados de la ‘oposición amigable’ y conseguir sus votos”, dijo a Somos Télam Penchaszadeh, que formó parte del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad” y hoy es miembro consultivo del BNDG.
Para este reconocido especialista y docente de posgrado de la Universidad de 3 de Febrero (UNTREF), ya la decisión del actual gobierno de “rebajar el estatus del BNDG haciéndolo depender de la jefatura de gabinete, ha sido un primer paso para degradar su estabilidad”, en consonancia con “las expresiones políticas del gobierno de entorpecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas del terrorismo de estado”; a lo que ahora se suma este proyecto de ley en virtud del cual “el Presidente queda facultado a disolverlo cuando quiera”.
“Yo diría que en el corto plazo ese riesgo es mínimo si se atienen a lo declarado, pero a mediano o largo plazo ese riesgo se mantiene porque está vigente la posibilidad de que a futuro otra administración decida intervenirlo. El tema que queda como un riesgo pendiente”, sostuvo, por su parte, Lino Barañao, doctor en química y ex titular del ministerio bajo cuya órbita funcionó el Banco desde 2009 hasta 2023.
Consultado sobre cómo se verían afectadas las personas que aún buscan su identidad biológica o los familiares de personas nacidas en los centros clandestinos de detención de la última dictadura que quieren encontrar a sus nietos, hijos, hermanos o sobrinos en un futuro de cierre; Penchaszadeh fue categórico en sus afirmaciones.
“En este caso, se frena la política pública desde el retorno de la democracia de considerar la apropiación de niños y la supresión de su identidad por el Estado como un delito de lesa humanidad. Esto traería consecuencias irreparables para las personas que fueron apropiadas desde la niñez y aun no se han encontrado, así como para sus familiares que los buscan. Además se violaría la legislación internacional sobre el derecho a la identidad”, remarcó.
Barañao aportó que además de verse afectado “el derecho a la identidad de este grupo de personas que está especialmente atendido por el Banco por su creación”, el organismo dejaría de cumplir otras importantes funciones vinculadas todas con derechos humanos fundamentales.
“El Banco presta servicios también a la justicia en otros casos de determinación de identidad como las personas nacidas en situación de trata de personas, bebés sustraídos al nacer (en democracia), pero además el banco es centro de referencia para otros organismos internacionales o países que buscan asesoramiento en este tema”, subrayó.
Además, el Banco tiene “una actividad académica y también de investigación”.
“Como sabemos, las abuelas que están buscando sus nietos tienen una edad avanzada y eso plantea la posibilidad de que se discontinúe esta búsqueda por parte de familiares; por eso el Banco está trabajando en algoritmos que permitirían extender este servicio a generaciones futuras, es decir que permitirían saber no solo si es nieto sino bisnietos de abuelas o nietos del desaparecido, porque es un derecho que no se extingue con la actual generación”, afirmó el ex funcionario y docente universitario.
En ese sentido, Barañao explicó que “lo del BNDG no es una excepción a una política que de desfinanciamiento de la ciencia y la cultura” por parte de un gobierno en cuyo esquema “así como no hay un plan de desarrollo de productivo, tampoco hay un plan de desarrollo científico tecnológico porque ambas cosas están vinculadas”.
Una entidad de referencia mundial
Próximo a cumplir sus 37 años de vida, el BNDG fue el primero en su tipo a nivel mundial.
“No solo el Banco es pionero científico mundial de la genética aplicada a los derechos humanos, sino que a través de las recuperaciones de la identidad biológica de hasta ahora 133 personas que habían sido apropiadas por personeros de la pasada dictadura cívico-militar, se ha puesto en valor el derecho a la identidad como derecho humano fundamental, tal como lo establece la Declaración Internacional de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas y la legislación nacional e internacional que establece que la violación del derecho a la identidad por el Estado es un delito de lesa humanidad”, dijo Penchaszadeh.
De hecho, el BNDG fue referencia para los bancos de ADN de criminalística y búsqueda de personas que comenzaron a surgir en todo el mundo a mediados de la década del ‘90.
Con la identificación de los nietos que fueron víctimas de supresión de identidad durante la dictadura como principal misión, la creación del BNDG el 1º de junio de 1987 fue consecuencia de un movimiento iniciado por las Abuelas cuatro años antes, cuando recorrieron 12 países para ponerse en contacto con los más renombrados genetistas, entre ellos Penchaszadeh.
El trabajo motivado y mancomunado dio sus frutos y en 1984 pudieron acercar una primera herramienta, el “índice de abuelidad” que se calcula no a partir de los genes propiamente dichos –como se haría después- sino de un producto de esos genes, como son los antígenos de histocompatibilidad.
Un año antes de la creación del Banco, Paula Logares –que por entonces tenía ocho años– se convirtió en la primera nieta restituida cuya filiación se comprobó a través de estudios genéticos, en ese momento, por el “índice de abuelidad”.
Esos estudios se hacían por pedido judicial en la Unidad de Inmunología del Hospital Durand, pero pronto se vio la necesidad de facilitar el cotejo de muestras, de modo que no fuera solo uno a uno, sino que la sangre de cada presunta víctima de apropiación fuera comparada con todo el universo de familias que estaban buscando bebés robados.
Ese Banco se creó por Ley 23511 de 1987, y en 2009 se sancionó una nueva norma que dispuso el pasaje del BNDG a la órbita del Ministerio de Ciencia, como un organismo autónomo y autárquico.
Cinco años después de la creación del BNDG –y también a pedido de las Abuelas–, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), cuya misión es la búsqueda de los menores secuestrados o nacidos en cautiverio durante la última dictadura y es una de las dos instituciones –la otra es la Justicia– que puede solicitar al banco un análisis de ADN.
Hoy en día el BNDG incluye los perfiles genéticos de unos 300 grupos familiares y un promedio de 100 personas por mes acuden a hacerse un análisis de ADN para ser cotejado con su base de datos.
Actualmente, todas las muestras que ingresan se les hace un perfil genético completo según las técnicas más avanzadas para determinar filiación en ausencia de los padres o con grupos familiares incompletos, con un porcentaje de certeza del 99,99999 %.
“Las 133 personas que recuperaron su identidad genética son solo una parte de los estimados 400 niños nacidos en cautiverio de madres desaparecidas por la dictadura y que aún faltan encontrar. Por todo lo mencionado es fundamental para los objetivos que aún faltan cumplir, que el BNDG se mantenga activo, con el presupuesto adecuado y la estabilidad de su personal”, concluyó Penchaszadeh.
(*) Esta nota fue elaborada con contenido generado por trabajadoras y trabajadores de la agencia de noticias nacional Télam, que resisten su cierre.
