En la columna quincenal «Derecho al Delirio» del programa #TTT «Tarde para Tirar la Toalla» de la Radio Tortuga 92.9, se generó un diálogo sobre los intentos de obstaculizar de la implementación de la ley de interrupción voluntaria de embarazos Nº 27610, mediante su judicialización. En este artículo, se sintetizan los puntos analizados.
La Ley, aprobada recientemente en el Congreso de la Nación, tras un extenso debate, garantiza a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE) hasta la semana 14 del proceso gestacional “en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible” (Art. 1 de la Ley 27610).
A principios de abril, el ex legislador Aurelio García Elorrio, fundador de la organización Portal de Belén, presentó un amparo en contra del gobierno de Córdoba, cuestionando el programa que implementa el Ministerio de Salud provincial para garantizar el acceso a la IVE en cumplimiento de la ley 27.610 y solicitó que declare la inconstitucionalidad de la Ley. La acción a cuyo a trámite fue admitido por la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 también requería que se adoptara, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación de la ley en el territorio provincial.
Esta medida fue rechazada por la Cámara y fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia, mientras se tramita la resolución del amparo. Cabe recordar que Portal de Belén fue la organización que logró, mediante una medida cautelar, que por siete años se suspendiera la aplicación del Protocolo para Abortos No Punibles en Córdoba, conforme a lo resulto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que la acción fue finalmente rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en septiembre de 2019.
En diálogo con #TTT, la abogada Mayca Balaguer, de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), destacó que esta acción es una más dentro de alrededor de 30 acciones que se presentaron estos últimos meses a lo largo y ancho del país por parte de grupos conservadores para impedir la aplicación de la ley. La abogada consideró que se trata de “una estrategia de desgaste judicial que busca general confusión sobre la vigencia de la ley” y que “algunas son bastante inusuales, como la denuncia penal en contra de Alberto por enviar el proyecto de Ley al Congreso”. En su relato, explicó que muchas de estas acciones han sido ya rechazadas in limine, es decir, sin más trámite. En la misma línea, Julieta Cena, becaria doctoral de Conicet e integrante de la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba agregó que este tipo de presentaciones, más que perseguir resultados judiciales, forma parte de una batalla cultural que intenta imponer el sentido de que las interrupciones legales del embarazo son inconstitucionales, cuando no lo son.
Conversando concretamente sobre la acción presentada recientemente en Córdoba, Balaguer explicó que el amparista se presenta por un lado como representante de “los niños por nacer no deseados y por el otro como ciudadano que paga sus impuestos y se encontraría afectado por el destino de esos fondos con los que no acuerda. Al respecto, Julieta Cena señala que el actor confunde ser ciudadano/a con ser contribuyente y propietario, y que este mensaje se relaciona con el concepto de trasfondo: la falta de reconocimiento de la IVE como un derecho, ya que “nunca se menciona el derecho de la salud de las mujeres”.
Por su parte, Rocío García Garro, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir recordó que la presentación hace referencia a cuestiones médicas sobre el uso del misoprotol y contiene mensajes muy peligrosos con el objetivo de generar miedo y confusión entre las usuarias. La presentación “esconde una profunda misoginia por el tono que usa, habla de matanzas, de genocidios y profundiza el estigma sobre el aborto”, agregó la abogada de Fundeps.
Entre los argumentos falaces y con el intento de ridiculizar el reconocimiento de derechos, el amparista refiere a que si los abortos suceden tal como los robos, debería crearse un “robódromo” para que los robos sucedan en condiciones de seguridad.
De manera conjunta, las asociaciones Fundeps, Católicas por el Derecho a Decidir y CLIP se presentaron en esta instancia judicial con el objetivo de “traer a la discusión los derechos humanos de las mujeres y sus derechos sexuales y -no- reproductivos”, como señala Julieta Cena.
Por último, Mayca Balaguer destacó que ya no debería ser necesario aportar argumentos para defender la constitucionalidad de esta ley que vino a mejorar los derechos humanos en Argentina, pero aún resulta necesario defender su vigencia e implementación que pone en cuestión este tipo presentaciones.
En este audio, escuchá la charla:
