La Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió informes al estado Argentino por el caso de Irene Cuevas.
Desde marzo de 2014, Juan y Alicia vienen sosteniendo una incansable lucha contra la burocracia de la obra social Apross que, unilateralmente y luego de años de asistencia, dejó de garantizar la cobertura de su hija Irene que tiene 12 años y padece múltiples discapacidades producto de una parálisis cerebral.
Lejos de aceptar la reducción del acompañamiento terapéutico de Irene, que en la práctica implica la imposibilidad de que la niña pueda continuar con normalidad sus estudios primarios (hoy cursa quinto grado), los padres movilizaron cielo y tierra recogiendo adhesiones y agotando instancias legales que hasta la fecha todavía han sido insuficientes para torcer la definición de Apross, pero que hoy ven una luz de esperanza.
“Hemos estado recibiendo negativas del Apross y de la justicia hace casi dos años y de pronto esta situación cambió. Tenemos muchas esperanzas con la intervención de este organismo internacional y su acción”, explicó Juan en referencia a la participación de la CIDH a través de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional que presentaron una medida cautelar hasta tanto la justicia resuelva la cuestión de fondo.
Desde la intervención de la CIDH, que pidió informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre el caso, la familia ya ha tenido dos audiencias que considera positivas con los abogados de la obra social y el Tribunal Superior de Justicia, la última el pasado lunes 19.
“Aparentemente hay sanciones para el Estado si esto no se resuelve en un tiempo perentorio. Tenemos todas las expectativas”, explicaron los padres que se ilusionan con que el conflicto con la prestataria llegue de una vez por todas a su fin con la solución para su hija.
“Uno a veces quiere tapar el sol con las manos y creer que ella no se va a dar cuenta de todo lo que está pasando, pero esta situación es una bomba en la familia y es obvio que ella también lo sufre”, graficó Juan cuando se lo consultó sobre cómo lo vive su hija.
Irene sigue asistiendo a la escuela pero lo hace sola, sin su acompañante y con un maestro integrador que tiene una tarea específica “que no es acompañar a Irene, no es darle de comer, empujar la silla de ruedas o sacarla al patio para que esté con sus compañeros. Entonces ella cuando es el recreo y se queda sola en el aula, se va quedando aislada, porque la persona que debería estar ejerciendo ese rol, no está”.
“Acá tenemos todo a la vista, no hay nada que esconder. Esta ha sido nuestra forma de pararnos para defender los derechos de nuestra hija. Hay que entender a las personas que sufren discapacidades como una persona, no como un objeto que ponemos en una esquina porque Apross no puede hacer nada”, cerró Juan.
