El Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que implementará un protocolo que obligará a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que estas situaciones generen. En caso de tratarse de personas menores de edad, la responsabilidad será asumida por las personas adultas responsables a su cargo. De esta manera, se recuperarían los costos de los despliegues policiales y de emergencia.
La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.
“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.
El funcionario remarcó que no se trata de hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó el ministro.
