Este miércoles 16 de septiembre se llevó adelante una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que fueron recibidos unos 20 expositores de todo el país, entre familiares, prestadores, transportistas y funcionarios públicos; a fin de dar tratamiento al pedido de los bloques opositores para prorrogar hasta fines de 2027 la Ley de Emergencia en Discapacidad que vencería en diciembre de 2026. Mayoritariamente las voces cuestionaron cómo sistemáticamente el Gobierno busca eludir el cumplimiento de la Ley y alertaron que el proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Ejecutivo, sostiene y profundiza el ajuste sobre el sector.
La reunión se realizó en cumplimiento del emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara en la Sesión Especial realizada el miércoles de la semana anterior. Muchos expositores cuestionaron que no se permitió la participación de las mismas personas con discapacidad en la reunión.
El diputado Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), titular de la Comisión de Discapacidad, afirmó que el tema se viene “trabajando desde el 2 de septiembre con esta problemática, cuando vinieron las autoridades a explicar todo sobre su gestión”; y expresó su deseo de que se desarrolle un debate “fructífero y que lleguemos a un dictamen la semana que viene por unanimidad”.
“Creo que todos estamos de acuerdo y creemos que el sector de la discapacidad se lo merece”, resumió el diputado, que fue reiteradamente cuestionado por interrumpir a muchos expositores para informarles que se les acababa el tiempo de alocución, muchas veces dando cuenta de una falta de empatía con testimonios de profunda emocionalidad.
El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) alertó particularmente sobre el envío del proyecto de Presupuesto 2027 y consideró que “el Poder Ejecutivo Nacional propone destruir la ley de emergencia en discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad que se ha construido a nivel nacional”.
La diputada Silvana Giudici (LLA) intentó correr el eje de la demanda de prórroga de la Ley de Emergencia, apuntando que el compromiso del oficialismo es “lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva estos beneficios permanentes”.
«Cuando el Estado (Nacional) se va, están las provincias y los municipios«, denunció la exintendenta de Despeñaderos y diputada de Provincias Unidas, Carolina Basualdo, que enumeró las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Córdoba para acompañar a las instituciones que brindan servicios al sector de la discapacidad, para intentar paliar las necesidades más urgentes.
A la hora de las exposiciones, la primera en tomar la palabra fue Isabel Soria, directora general de Discapacidad de Salta, quien consideró que “cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de protección social, de acceso a salud y de subsistencia familiar”.
“A nivel nacional la situación es alarmante. Desde enero del 2024 se iniciaron, según la última reunión, 90.791 trámites de pensiones por discapacidad. Solo 10.374 fueron resueltos. Eso significa que aproximadamente 80.000 personas siguen esperando”, enumeró.
Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, pidió “que se prorrogue la ley” de emergencia, “pero hoy nos encontramos con un nuevo escenario que modifica el Presupuesto del año 2027 mediante artículos que avasallan derechos de las personas con discapacidad”.
“Vengo a contarles cómo estamos viviendo en mi provincia las personas con discapacidad y las instituciones, la situación de incertidumbre y de preocupación de estos últimos tiempos. En mi provincia hay 36.000 personas con discapacidad”, dijo Antúnez.
Iván Poggio, director general de Discapacidad de La Pampa, se refirió a las pensiones por discapacidad para la protección social. “Siempre estuvimos dispuestos a trabajar en conjunto con la Nación y nunca fuimos escuchados”, dijo.
“No nos dieron participación, en mi provincia hicieron las auditorías en hoteles en pleno julio donde las personas con discapacidad tenían que esperar afuera cuando hacía seis grados bajo cero”, argumentó Poggio.
Entre otros invitados, Florencia Peñaloza, Defensora del Pueblo de San Juan, graficó que “durante 2024/2025 el 50% de los reclamos que entraban en la Defensoría eran por materia de salud y, entre esos, cuatro de cada seis eran por discapacidad”.
“Eran cifras alarmantes. Muchos acudieron a la Defensoría y hemos encontrado testimonios de sanjuaninos que venían a decirnos no solo ´no tenemos para comer, sino que nos cortan los medicamentos y nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque no tienen traslado´”, expresó Peñaloza.
Desde Córdoba, se escuchó la voz de Leandro Ator y Ana María Figueres, del Colectivo 3 de diciembre, Silvana Blanco, de Converger, y Carolina Armeloni y Virginia Els, de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia (Capredis). En todos los casos, con fuertes cuestionamientos a los sucesivos incumplimientos del Gobierno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con mención a atrasos históricos que sufre el sector y con la demanda de que las autoridades tomen dimensión del impacto que genera en las personas con discapacidad y sus familias y los prestadores y las instituciones con cada derecho vulnerado.
