Por Pablo Rodríguez. Una denuncia por maltrato animal, radicada el 15 de septiembre, devino en un allanamiento en un campo del norte de Alta Gracia, donde se rescataron 41 perros en condiciones de hacinamiento, desnutrición y con múltiples enfermedades.
Por el hecho, la Fiscalía de Primer Turno, a cargo de Diego Fernández, imputó a la veterinaria Alejandra Beniek en el marco de la “Ley Sarmiento” y dispuso a la fundación Amigos del Mejor Amigo (ADMA) como depositario judicial, hasta que la investigación llegue a su fin.
Según se sospecha, en el lugar funcionaba un criadero clandestino («Anjali») con un quirófano sin autorización en el que los animales eran preñados y se vendían los cachorros. Los perros rescatados son 25 de la raza Bulldog francés, 15 de la raza Pug y uno de la raza Dachsund, conocido popularmente como salchicha.
En cumplimiento de la Ordenanza 8549, y por disposición de la Fiscalía, la Municipalidad inspeccionó y comprobó que el criadero no contaba con ninguna autorización para funcionar como tal.
El origen de la investigación
Paola Rodríguez es proteccionista y fue quien radicó la denuncia por maltrato animal. Consultada por el Portal Tortuga, contó que durante más de un mes, la veterinaria denunciada, utilizando otro nombre, “dio vueltas” para entregar un perro “de descarte” que ofrecía en adopción.
Infiere Rodríguez que lo que no quería era tener que entregarlo en el sitio donde funcionaba el criadero. Finalmente, cuando la denunciante arribó al lugar con una conocida para buscar al animal en cuestión, se topó con un escenario que le generó indignación y que registró con fotos y vídeos.
Al día siguiente, presentó la denuncia formal en la Unidad Judicial.
Paola Rodríguez se mantuvo el tema en silencio para respetar el proceso judicial, pero al hacerse público el hecho, compartió en sus redes un relato acompañado de fotos y vídeos que empezó a viralizarse, y que evidencia las situaciones de maltrato animal que había denunciado.
“Las hacen tener crías y ni siquiera les sacan los puntos de la cesárea anterior”, advirtió con preocupación en diálogo con esta hoja, completando que después se venden las crías y se descartan los perros que ya no sirven para preñar.
La denunciante recordó que tiempo atrás otra proteccionista halló en la misma zona en la que se encuentra el presunto criadero clandestino, “perros de descarte abandonados y enfermos».
Lugar de guarda
Entrevistada en Radio Tortuga 92.9, la presidenta de ADMA, Carolina Romagnoli, repasó que el miércoles 21 de septiembre la Fiscalía de Primer Turno convocó a la institución para colaborar en un procedimiento que se realizaría al día siguiente, “en un supuesto criadero en el que habría 15 a 20 animales”.
Aclaró que en diversas oportunidades, fiscalías de la región solicitan este tipo de colaboraciones y se suele determinar a la institución proteccionista que funciona en el predio del Ferrocarril, al lado del Registro Civil, como depositario judicial de animales, mientras se resuelven las respectivas investigaciones.
“En este caso puntual no pidieron la colaboración de los veterinarios que trabajan con la Fundación, sino que vino el veterinario forense de la Policía Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, precisó.
Al tener que describir lo que se encontró en ese allanamiento, Romagnoli expresó que “era lo más parecido a un campo de concentración; aberrante en cuanto al maltrato y la crueldad”.
Detalló que “eran animalitos de un kilo y medio a tres kilos que estaban contenidos con boyero eléctrico”, y que “había entre ellos espacios de un metro y medio a dos, según si fueran animales de descarte o para reproducir”.
Incluso señaló que a los animales de descarte “ni siquiera comida se les daba”; y que se mantenían separados porque los boyeros eléctricos les daban descargas que les producían quemaduras si se acercaban.
Frente a este escenario descripto, la Justicia determinó que ADMA oficiara como depositario judicial de los 41 animales hasta tanto la causa arribe a una conclusión.
Informe de maltrato
El lapidario reporte médico realizado sobre los 41 animales que arribaron a ADMA tras el allanamiento, firmado por los médicos veterinarios Leonel Flamand y Sofía Muñoz, da cuenta de que «ingresan en deplorable estado de salud, la mayoría caquécticos (desnutridos) y deshidratados».
Acto seguido, se enumeran diversas lesiones en la piel, los oídos, el sistema digestivo, la boca, el sistema óseo articular, el sistema reproductivo; «patrones conductuales compatibles con el hacinamiento» y «conductas típicas de estrés y falta de atención».
«En abdomen se observan en varias hembras líneas de sutura de nylon que datan de diferentes tiempos sugestivas de cesáreas recientes y anteriores«, indica el informe, que también alude que «las lesiones en todas las zonas de la piel son compatibles con sarna sarcótica, (…) que es una enfermedad producida mayormente por situaciones de estrés, falta de higiene, cronicidad sin tratamiento y hacinamiento«.
En cuanto al sistema reproductivo, advierte el reporte de los veterinarios que «se observa hipertrofia, es decir gran desarrollo de las glándulas mamarias, sugestiva de lactancias anteriores, y algunas hembras en curso probable de gestación, es por ello que se recomienda el chequeo individual para confirmar preñez y en ese caso la castración urgente ya que no están en condición para tener crías siendo eso muy peligroso para ellas».
Giro inesperado
Tras la decisión judicial de asignar la guarda de los perros a ADMA, la veterinaria denunciada se dirigió a la Fiscalía para reclamar que se le restituyeran los animales.
El fiscal Diego Fernández, a través de una resolución que hizo llegar a ADMA el 27 de septiembre, hizo lugar al pedido, pero bajo “estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a tal calidad” bajo siete condiciones.
La cuarta de ellas establecía “acreditar en término no mayor a 30 días de notificado el presente el inicio de los trámites y/o la debida habilitación del ente municipal, provincial y/o nacional; sanitaria, impositiva y demás indispensables para la cría y comercialización de perros domésticos, so pena, de revocar sin más la entrega en calidad de depositario judicial”; y la quinta libraba oficio a la Municipalidad para que “a través de los organismos predispuestos ejerza debida y eficazmente el poder de policía inherente a su condición de ente municipal, debiendo comunicar cualquier incumplimiento o anomalía a la fiscalía”.
Desconociendo los condicionantes de la resolución de Fernández, Alejandra Beniek se apersonó en ADMA, demandando la restitución de los perros. Dicha situación encendió las alarmas de las organizaciones proteccionistas locales, que se atrincheraron en la Fundación para evitar que corriesen riesgo los animales rescatados.
Paralelamente, en cumplimiento de lo dispuesto por Fiscalía y acorde a los dispuesto por la Ordenanza 8549 de Protección Animal, la Municipalidad arribó por el criadero y comprobó, según precisó el asesor Letrado Daniel Villar a este medio, que el lugar no estaba habilitado y que incluso el dueño de la propiedad, ante el problema suscitado, había dispuesto que se retirara el emprendimiento.
Al notificar la Municipalidad al fiscal sobre esta situación, Diego Fernández dispuso durante el mediodía del miércoles 28 de septiembre que ADMA vuelva a ser formalmente el depositario judicial de los 41 perros.
Proceso en marcha
Ante los hechos suscitados, además, ADMA, a través de su abogado Enrique Fernández Quintana, solicitó formalmente ser incorporada como querellante particular a la causa por maltrato animal en calidad de actora social interesada.
Respecto a la salud de los animales, Romagnoli indicó a Radio Tortuga que si bien en estos días deben presentar un informe formal donde se dé cuenta fehaciente y detalladamente de la recuperación de los perros, en una semana han podido advertir “cómo han evolucionado positivamente con medicamentos, alimentos y un poco de atención”.
Hasta que el Poder Judicial avance en la elevación a juicio de la causa y determine el destino final de los perros, ADMA sólo tiene la obligación de resguardar la integridad física de los animales, sin potestad para intervenirles quirúrgicamente ni darlos en adopción, como con el resto de los animales que suele rescatar.
