Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, el legislador por Hacemos por Córdoba y presidente del Partido Socialista en la provincia, Matías Chamorro, se refirió a su incorporación dentro del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad; en un contexto en el que éstas están cuestionadas fuertemente por innumerables casos de gatillo fácil y violencia institucional.
Consultado inicialmente sobre la manera en qué está integrado y cuál es el principal objetivo de este flamante Tribunal, Chamorro manifestó se trata de “un régimen disciplinario novedoso y actualizado” que alcanza a la Policía, al servicio penitenciario, al sector administrativo de las fuerzas de seguridad y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
El objetivo, indicó, apunta tanto a la prevención como a la investigación y eventual aplicación de sanciones sobre faltas de conducta.
“Se avanzó en ciertos principios que se reivindicaron con la nueva normativa, como el respeto a los Derechos Humanos, la perspectiva de género, la no discriminación, la erradicación de toda violencia institucional”, precisó, subrayando que una de las novedades principales que incorpora este Tribunal, respecto de instrumentos previos es “que haya un control civil de las fuerzas de seguridad y que haya acceso a la información”.
Explicó Chamorro que este nuevo sistema consta de tres patas: una es precisamente la del Tribunal, que es quien se encarga del conocimiento y sanción de las faltas más graves; otro es la Dirección de Control e Investigación, “que tiene la responsabilidad de recibir las denuncias, llevar adelante la investigación y en caso de ser necesario, elevarlas al Tribunal”; y el tercer órgano es una asesoría letrada que brinda a cada fuerza un cuerpo de abogados para llevar adelante una defensa en cada caso.
Chamorro apuntó que se pretende que este sistema funcione articuladamente. “Es un avance respecto al viejo tribunal de conducta policial, que sigue funcionando para las causas anteriores a la entrada en vigencia de este nuevo sistema, pero que estaba más vinculado a las fuerzas”.
El nuevo Tribunal está presidido por un miembro del Ministerio Público Fiscal; otro de la Universidad Nacional de Córdoba; uno por el Ministerio de Seguridad y otro por el Ministerio de Justicia de la Provincia; y tres legisladores o legisladoras (dos por el oficialismo y uno por la primera minoría). “Esto brinda una democratización de las decisiones y una mirada más civil e independiente”, refirió Chamorro, subrayando que con estas modificaciones, el accionar sobre las inconductas de las fuerzas de seguridad “tendría que ser más eficaz y eficiente”.
RT: ¿Qué análisis hacés sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba?
MCH: Es importantísimo poder fortalecer la capacitación y la idoneidad de las fuerzas de seguridad para que tengan mejoras continuas y permanentes. Tienen que tener una permanente capacitación y aggiornamiento. Necesitamos fuerzas capacitadas, con mucho respaldo del gobierno para que ejerzan su función, que es esencial. Es un tema dificultoso el control democrático y la perspectiva ciudadana del ejercicio de la fuerza. Este nuevo régimen es un paso adelante, es una apuesta importante. Donde se hacen bien las cosas, hay que brindar las herramientas para fortalecerse. Y donde no, para eso está este órgano que amplió el esquema sancionatorio con diversidad de sanciones.
RT: Desde el oficialismo hay quienes atribuyen los casos de gatillo fácil y violencia institucional a inconductas individuales de agentes que se manejan por fuera de la ley. ¿Coincidís con esta lectura o lo atribuís a un problema sistémico?
MCH: Este nuevo órgano tiene una instancia de prevención muy importante para aportar miradas constructivas y trabajar en la formación y armado de protocolos de abordaje de esta realidad. El debate sobre el control democrático de las fuerzas no es un problema de Córdoba; viene desde el advenimiento de la democracia. Tiene que ver con una mirada democrática y de Derechos Humanos. No debe haber márgenes de impunidad. El problema es cuando no se puede llegar a las últimas consecuencias en el control.
RT: ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en estas acciones por fuera de la ley, por parte de sus fuerzas de seguridad?
MCH: Es una responsabilidad máxima del Estado. El monopolio de la fuerza que tiene el Estado en todos sus niveles y el control de las fuerzas de seguridad es una responsabilidad exclusiva del Estado.
RT: El socialismo, con su presencia en el lanzamiento de Martín Llaryora como candidato a gobernador, ratificó su permanencia dentro de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo cae en este espacio de tinte progresista las sucesivas denuncias por gatillo fácil y violencia policial que se repiten sobre el Gobierno de la Provincia?
MCH: Para nosotros el desafío es muy importante. No es lo mismo que dentro del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad haya un socialista y que no lo haya. Nosotros tenemos una mirada particular vinculada a los Derechos Humanos y democrática. Y el tema de las fuerzas de seguridad, en particular, nos preocupa como a los ciudadanos de la provincia. Es un tema complejo y el socialismo tiene mucho para aportar. Es muy importante estar en un órgano así, en el que aspiramos a hacer nuestro aporte. Es una problemática que hay que abordar y el socialismo no vino a ser testigo de una realidad o un mero denunciador. Quiere intervenir y aportar para cambiarla.
