Los diputados cordobeses Gabriela Estévez y Pablo Carro, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo que informe de manera urgente sobre la situación en la mina de uranio Los Gigantes. La iniciativa surge a raíz de la rotura de una geomembrana de contención en el Dique 3, que genera una grave amenaza de contaminación en los cursos de agua que alimentan al Dique San Roque y el suministro de agua de Córdoba y Villa Carlos Paz.
Repasan los diputados que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que el daño fue causado por vientos de más de 100 kilómetros por hora, lo que dejaría en evidencia la vulnerabilidad de las actuales medidas de seguridad.
Subrayan que pese a las afirmaciones de la CNEA sobre las reparaciones que se habrían realizado, los vecinos de la zona denuncian que las filtraciones continúan, poniendo en duda la efectividad de las acciones oficiales y la veracidad de la información pública.
“Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de desmantelamiento del Estado y de un modelo extractivista que pone en riesgo la salud de millones de personas», denunció enfática la diputada Estévez.
Puntos clave del pedido de informe:
Riesgo sanitario y ambiental: El complejo minero, que operó entre 1982 y 1989, acumula pasivos ambientales con residuos radiactivos y químicos, como uranio, radio y arsénico, que pueden migrar hacia los cursos de agua que alimentan el Dique San Roque.
Afectación a la salud humana: La exposición a estos contaminantes a través del agua potable puede causar graves daños a la salud, incluyendo enfermedades renales y distintos tipos de cáncer. Los efectos de la contaminación ya se observan en la flora y fauna local, con reportes de mortandad de peces y ganado.
Desfinanciamiento y desidia estatal: El proyecto de resolución señala que el desmantelamiento de organismos como la CNEA, sumado a una política que privilegia a las grandes empresas mineras, agrava el riesgo en el sitio. Se denuncia que la CNEA ha postergado la remediación del lugar a pesar de contar con el financiamiento necesario.
Amenaza del RIGI y la política extractivista: La presentación vincula la situación de la mina Los Gigantes con la política del actual gobierno, que a través de medidas como la eliminación de retenciones a la minería y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promueve un modelo que pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales y la protección ambiental.
Demanda de respuestas claras y urgentes
El pedido de informes también destaca el rechazo generalizado de municipios, vecinos y organizaciones ambientalistas a la propuesta de la CNEA de trasladar 57.000 toneladas de residuos nucleares desde la planta Dioxitek de Alta Córdoba hacia el predio de Los Gigantes.
El proyecto de resolución insta al Gobierno a que, en el marco de su responsabilidad, brinde una respuesta clara y urgente sobre las medidas de contención, el plan de remediación del sitio y garantice la transparencia en la información, en cumplimiento de la Ley 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental y el Acuerdo de Escazú.
