Por iniciativa del Partido Socialista, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de adhesión a la Ley Provincial 10.962 «Sonia Torres», de formación en Derechos Humanos, que fue finalmente aprobado por mayoría, con los votos de la totalidad de los ediles de los bloques Hacemos Unidos por Córdoba y Alta Gracia Cambia, y el rechazo del monobloque Juntos por Alta Gracia. La norma instaura la perspectiva de Derechos Humanos en el ejercicio de la función pública y establece que las y los agentes del Estado deben contar con los conocimientos y habilidades necesarios para respetar, proteger y promover los derechos humanos en su labor diaria.
En su discurso de acompañamiento al proyecto, en representación de Alta Gracia Cambia, el radical Martín Barrionuevo afirmó que este tipo de capacitaciones son importantes, más aún en Derechos Humanos, pero planteó su distancia con el «kirchnerismo» y cualquier tipo de utilización política de la herramienta de formación.
Ricardo González, de Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un despacho alternativo de rechazo a la propuesta. Al defenderlo, afirmó que el gobierno de Jorge De Nápoli y Marcos Torres tiene un compromiso con «organizaciones de izquierda que propician este tipo de capacitaciones y programas, donde el Estado da una visión idea de cómo quiere adoctrinar a los funcionarios y los empleados». Paralelamente, cuestionó a los radicales por tomar la posición «tibia» de acompañar con críticas.
«Hay temas que deberían unirnos y adherir a esta ley es una manera de tener un gesto de responsabilidad institucional«, respondió la concejal oficialista Alma Mondaini a las críticas planteadas desde la oposición. «Debemos enviar un mensaje claro de que podemos pensar distinto y debatir con respeto y que cuando se trata de cuestiones profundas, como son los Derechos Humanos, podemos ser capaces de construir y no de destruir».
Hito en la promoción y protección de los Derechos Humanos
La Ley Sonia Torres fue sancionada por la Legislatura en marzo de 2024, por impulso del legislador Matías Chamorro. A partir de ese momento, la iniciativa viene contando con adhesiones de diversas comunas y municipios de la provincia
En su primer artículo establece «la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías —tanto del sector público centralizado como descentralizado— para los tres Poderes del Estado».
La Ley es considerada un hito en la promoción y protección de los derechos humanos en la función pública provincial porque establece que las y los agentes del Estado deben contar con los conocimientos y habilidades necesarios para respetar, proteger y promover los derechos humanos en su labor diaria. Esta perspectiva es clave pues son dichos agentes quienes tienen un impacto directo en la vida de las personas y comunidades y sus decisiones y acciones.
En este marco, la capacitación establece como contenidos mínimos los siguientes: Principios básicos de derechos humanos contenidos en las disposiciones provinciales, nacionales, regionales e internacionales; Prácticas respetuosas de los derechos humanos en la función pública; Sistemas de protección en materia de derechos humanos de los que Argentina forma parte; El proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Juicio a las Juntas. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Causas de lesa humanidad. Sitios de Memoria. Violencia institucional; Los derechos humanos de las mujeres, las diversidades sexuales y de género, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes y las personas con discapacidad; Genocidios, genocidio armenio, Holocausto y actos de antisemitismo, intolerancia y discriminación en la historia de la humanidad.
Se destaca que al capacitarse en derechos humanos, los funcionarios públicos pueden comprender mejor las necesidades y derechos de las personas y comunidades que atienden; identificar y abordar situaciones de vulneración de derechos humanos; desarrollar políticas y programas que promuevan la igualdad, la justicia y la dignidad humana; y mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.
Lleva el nombre de «Sonia Torres» en homenaje a la histórica presidenta de la Filial Córdoba de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, organización creada en 1977 para localizar y restituir a sus legítimas familias a todas las niñas y niños que habían sido desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura.
