Se trata de una iniciativa de la legisladora Liliana Montero, presentado este martes en la legislatura provincial. Está dirigido a todos los efectivos «que porten armas».
En diálogo con Siesta Negra, el programa que sale los miércoles de 14 a 16 horas por Radio Tortuga 102.7, Liliana Montero, Legisladora Provincial por el Frente Cívico, explicó su iniciativa. «Consiste en tres instancias: ingreso, permanencia y retiro», precisó la funcionaria al tiempo que agregó: «Solicitamos que haya una evaluación externa a la fuerza policial, no cuestionamos a los profesionales, sino que decimos que no está resultando efectivo».
«Instamos a que evalúe un equipo externo, prioritariamente de la UNC o en su defecto, en conjunto con alguna universidad privada que tenga las carreras de Medicina, Psicología y Trabajo Social. En segunda instancia, pueden formarse equipos profesionales del propio Estado provincial que tiene y muy buenos», señaló Montero e insistió: «Tienen que ser equipos externos a la fuerza policial, integrados por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social».
En este sentido, la iniciativa estipula «una evaluación de aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar y social» para otorgar el ingreso de los aspirantes a formar parte de la Policía. Asimismo, «durante la permanencia en la fuerza policial, lo que proponemos es que el agente tiene obligación de tener un espacio terapéutico individual».
«Durante la permanencia proponemos una terapia individual, actividades psicoprofilácticas del rol para los agentes y evaluaciones anuales, donde se da un reconocimiento en términos psiquiátricos y psicológicos para ver como está el agente y además instamos a que la evaluación no se de sólo cuando se va a producir un ascenso», expresó. En tanto, «prevemos que si se detecta que hay algún riesgo para sí o para terceros por parte del agente, se acceda a dar informe a la autoridad superior para retirar el arma», agregó.
«Cuando le retiran el arma, la legislación dice que le reducen automáticamente el 30 por ciento del sueldo, en este sentido, el salario constituye la variable de ajuste de la salud mental», enfatizó Montero al tiempo que añadió: «Hoy tenemos una gran cifra negra u oculta de personas que sufren algún malestar psíquico y no acuden a pedir ayuda porque no están dispuestos a que se les baje el salario. Eso lo que estamos tratando de regular».
En la misma dirección, con respecto a la instancia de egreso, «una vez producido el retiro de la mismas y durante un plazo no menor a seis (6) meses continuar bajo tratamiento psicológico», precisa el texto del proyecto.
Foto: lilianamontero.com
