«El 30 de junio de 2021, a seis meses de la sanción de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Justicia Federal de la Provincia de Córdoba sumó un rechazo más a las estrategias de judicialización que pretenden obstaculizar su implementación». Así arranca un comunicado firmado por la Clínica de Litigio de Interés Público Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir y FUNDEPS, que celebra la medida.
En el documento se explica que «este tipo de presentaciones en contra de la ley se han suscitado a lo largo de todo el país y en su mayoría ya han sido rechazadas en virtud de su palmaria improcedencia» y se analiza que «es evidente que tienen el objetivo de hacer uso de la justicia para obstaculizar, mediante el dictado de medidas cautelares, el acceso a los derechos que la ley concede».
El amparo había sido presentado por la Asociación Civil Portal de Belén. Desde las organizaciones, celebraron el «acierto jurídico» del juez Federal Ricardo Bustos Fierro al «reconocer la inobservancia de los requisitos legales» de la medida interpuesta y hacer respetar «la decisión adoptada en uno de los debates parlamentarios más amplio, democrático y diverso de los que se tiene memoria en nuestra historia institucional».
En otro tramo del comunicado, las organizaciones firmantes recuerdan que la Ley 27610 «es producto de una historia de lucha que derivó en un proceso de legitimación social e institucional, que no puede verse opacada por quienes entienden que contradice sus íntimas convicciones personales». Asimismo, repasan que «la Asociación civil Portal de Belén históricamente ha intentado entorpecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, con estrategias de judicialización».
En ese marco, concluyen que «conceder la petición de esta asociación hubiera implicado un retroceso y un daño irreparable para el colectivo de mujeres y personas gestantes que se verían imposibilitadas de acceder a un derecho humano básico como la salud» e incluso que «una decisión en este sentido no solo entraría en contradicción con las normas nacionales sobre violencia y discriminación por género, sino que constituiría una violación manifiesta de los tratados internacionales suscritos por Argentina y comprometería gravemente la responsabilidad internacional del Estado».
