Por Marcelo Riol – El Gobierno de Córdoba licitó una obra con la que pretende rectificar 14,6 kilómetros del río Anisacate. A través de un informe científico la Ing. Agr. Alicia Barchuk advierte que modificar el cauce sin estudios integrales puede alterar la energía del agua, erosionar márgenes y trasladar el riesgo de inundaciones hacia comunidades ubicadas aguas abajo.
El gobierno provincial sigue insistiendo con la curiosa idea de que la naturaleza es un boceto mal diseñado y que por eso necesita, con urgencia, la regla y la escuadra de la obra pública. Bajo el pomposo título de “Sistematización y readecuación del cauce”, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por medio de la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera, licitó un proyecto para intervenir casi quince kilómetros del río Anisacate.
El plan dispone de más de dos mil quinientos millones de pesos. Abarca el tramo entre los puentes de las rutas provinciales N° 5 y N° 36, en el departamento Santa María, y busca reemplazar sus curvas y meandros naturales por un trazado más recto. Para lograr esta proeza de domesticación fluvial, maquinaria pesada deberá remover cerca de cuatrocientos treinta mil metros cúbicos de material y dejar un fondo de cauce de unos veinte metros de ancho.
Para tomar alguna dimensión de este movimiento de suelo, se puede pensar que para trasladarlo se necesitarían unos veintiún mil quinientos camiones. O, si se volcara el material en el campo de juego del estadio Kempes se formaría una montaña de unos sesenta metros de altura en toda su superficie.
Frente a este despliegue, el trabajo científico elaborado por la Dra. Barchuk enciende luces de alarma. El estudio, que analiza la dinámica del río entre Villa Los Aromos y Despeñaderos, obliga a recordar una verdad básica que en los escritorios de los funcionarios se suele pasar por alto: un río no es una simple zanja, ni un canal aislado.
Su cauce, sus márgenes, sus meandros, la planicie, los afluentes, los sedimentos y la vegetación forman un sistema conectado. Cuando se interviene un sector para acelerar el paso del agua, las consecuencias suelen aparecer en otro lado.
Según advierte la investigación, modificar el recorrido natural puede alterar la pendiente y aumentar la energía del agua. Ese cambio puede desatar procesos de incisión en el lecho, provocar erosión en las márgenes o generar acumulación de materiales en otros puntos. El informe aclara con rigor científico que se trata de respuestas posibles que deben estudiarse antes de intervenir el río, ya que no afirma que ocurrirán ni cuantifica futuras inundaciones. Sin embargo, el riesgo de trasladar el peligro a otras localidades resulta imposible de ignorar.
Los números de este análisis multicriterio refuerzan la preocupación. El estudio identifica casi seis kilómetros cuadrados de coincidencia en las categorías de susceptibilidad alta y muy alta entre dos modelos de evaluación.
Además, en una franja de trescientos metros alrededor del tramo proyectado, esas categorías abarcan más del cincuenta por ciento del entorno. Esto demuestra que el área relevante excede por mucho el cauce ordinario, aunque el trabajo precisa que no toda esa superficie vaya a inundarse.
Por otro lado, hasta el momento el gobierno provincial no comunicó los resultados del estudio de impacto ambiental (si lo hubiere), y tampoco llamó a realizar una audiencia pública para que la población pueda participar de esta iniciativa. En ambas situaciones existen leyes que obligan al Estado a realizarlas, sin embargo, igual que en la construcción de la autovía Calamuchita, lisa y llanamente no se cumplen.
La memoria de la Cuenca
La memoria del propio río aporta pruebas contundentes. El estudio de Barchuk recupera los antecedentes de las crecientes repentinas de 1992 y 1993 en Costa Azul, donde el corte natural de un meandro provocó cambios bruscos en el recorrido del agua, erosionó de forma intensa de márgenes y destruyó viviendas.
Los antecedentes técnicos también señalan una posible evolución de esa inestabilidad hacia sectores aguas abajo, como Dique Chico. Aunque una obra diseñada no es idéntica a un corte natural, la experiencia local exige evaluar cuidadosamente las consecuencias de alterar el trazado.
Por eso, la investigación reclama frenar la ansiedad de las topadoras y realizar primero modelaciones hidráulicas para distintos escenarios de crecida, estudios de transporte de sedimentos y análisis de estabilidad de márgenes.
Estas evaluaciones deben incluir a Costa Azul, Dique Chico, las confluencias y los sectores aguas abajo hacia Despeñaderos. Pretender que un ancho de fondo de veinte metros demuestra por sí solo que no habrá desbordes es una apuesta por demás arriesgada.
En lugar de imponer obras rígidas que mudan el problema de lugar, el documento propone fortalecer los sistemas de alerta temprana, la protección localizada de márgenes, la conservación de espacios para la movilidad natural del río, la restauración de vegetación ribereña y la retención distribuida de escorrentías. Además, requiere que el ordenamiento territorial con criterio de cuenca sea real y efectivo, en favor del bien de las comunidades afectadas.
Cuidar a la población no solo implica el cumplimiento de las leyes y una actitud responsable, exige primero, entender la cuenca como un organismo en movimiento, antes de que el agua vuelva a demostrar que no lee planos.
