Este martes 12 de mayo se llevará adelante en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria, por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, que tendrá su concentración central en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. En la capital cordobesa, en tanto, la movilización partirá a las 15.30 desde el Monumento a la Reforma, en Ciudad Universitaria, y concluirá a las 17.30 con un acto en Avenida Hipólito Irigoyen y Boulevard San Juan. El principal reclamo apunta a que el Gobierno Nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso.
La movilización está convocada por las rectoras y rectores, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); el Frente Sindical de Universidades Nacionales en Argentina, que reúne a los gremios docentes y no docentes; y la Federación Universitaria Argentina (FUA), órgano representativo de las y los estudiantes.
Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, la secretaria de Finanzas y Administración de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc), Valeria Plaza, subrayó: «Nuestros salarios están cada vez más congelados, cada mes que pasa perdemos más en relación a tener una vida digna. Y el presupuesto de la Universidad está en el mismo sentido. Estamos con una pérdida salarial de entre el 40% y el 50%«.
Agregó Valeria Plaza: «Esto se suma a un proceso de lucha que hemos sostenido y que terminó en una Ley que preveía al menos poder garantizar la continuidad de este sistema educativo y que el Gobierno sigue sin cumplir. Ésta es la cuarta marcha en la que confluimos todos los sectores de la Universidad. Tanto las autoridades como las federaciones que nuclean a docentes, no docentes y estudiantes, y entidades de graduados, convocamos porque es una causa común y así las universidades no se pueden sostener. Le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe porque es un momento clave y decisivo para que el Gobierno Nacional entienda el mensaje y cumpla la Ley para permitir que las universidades sigan funcionando».
Y finalmente, planteó que el impacto económico de la ley aprobada y no ejecutada no llega al 1% del producto bruto interno (PBI), menor al de otros países. En ese sentido, analizó que el trasfondo del conflicto que sostiene el Gobierno con las universidades nacionales tiene otros objetivos: «Hay un interés del Gobierno por desmantelar la Universidad Pública, para poder priorizar otros sectores. No solamente a las universidades privadas, sino también la prestación de servicios que realiza la universidad pública; la garantía en proyectos sociales de intervención, tanto barriales y comunitarios como en control de alimentos y la producción. Hay un proyecto político de desmantelar la universidad pública».
Por su parte, el abogado constitucionalista Pablo Manili, que patrocina una presentación judicial del CIN, que demanda el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, planteó con preocupación que «es la primera vez que un gobierno argentino litiga en contra de las universidades«.
En virtud de ello, exhortó a sumarse a la cuarta Marcha Federal Universitaria «en defensa de la universidad pública«, subrayando que «es la única que iguala y en la cual los hijos de los ricos pueden estudiar junto a los hijos de los pobres«.
«Aunque parezca absurdo, hubo que ir a la Justicia para que el Gobierno cumpla con una ley«, enfatizó Manili.
