Este lunes 18 de mayo, el Juzgado Federal número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la abogada Marta Lastra y le ordenó al PAMI e Incluir Salud a regularizar de manera efectiva, en 72 horas, la cadena de pagos a prestadores que brindan servicios a titulares de pensiones no contributivas con certificado único de discapacidad (CUD), «evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones».
La medida cautelar se dictó por el término de seis meses o hasta tanto recaiga sentencia firme la dictada por el Juzgado Federal de Campana en diciembre de 2025, que obligaba al Gobierno Nacional a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En el fallo, el juez Vaca Narvaja remarca que las demoras crónicas en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos ponen en riesgo inminente la continuidad de los tratamientos de un colectivo de alta vulnerabilidad, afectando su derecho a la salud y el desarrollo integral.
El documento da cuenta de información recabada por el Juzgado a partir de oficios librados a diversas instituciones afectadas por los atrasos del PAMI e Incuir Salud.
Asimismo, circunscribe estos incumplimientos en un «contexto actual, normativo y social, que da cuenta de numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos mas vulnerables«.
Y agrega: «Lo expuesto cobra relevancia en el presente caso, por cuanto entre los integrantes del colectivo aquí representado, se encuentran personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños, adultos mayores; personas con discapacidad y de escasos recursos para la subsistencia».
