«La gestión de Javier Milei le dio la espalda al colectivo de personas con discapacidad de toda la Argentina»

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El Colectivo de Discapacidad de Córdoba, que integran la Federación Converger, la Asamblea Trabajadores de Inclusión (ATI), la Cámara de prestadores de Discapacidad (Capredis), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Colectivo 3 de Diciembre, emitió un crítico comunicado ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado. Explicó su anterior rechazo y su actual coyuntural apoyo a este proyecto, concebido por el Gobierno tras incumplir sistemáticamente la Ley de Emergencia. También advirtió sobre eventuales futuros ajustes del Gobierno hacia el sector y sentenció: «Lo unánime en el colectivo de todo el país es la absoluta desconfianza hacia el Gobierno de Javier Milei».

En principio, el Colectivo dio por descontada la aprobación de la norma, que incluye en su articulado buena parte de las demandas que estuvieron contempladas en la Ley de Emergencia, que fue aprobada y ratificada por el Congreso y que el Gobierno se negó sistemáticamente a aplicar.

Asimismo, las organizaciones plantearon exigencias concretas al Gobierno respecto al cumplimiento efectivo de la flamante Ley, y se comprometieron a sostener una aguda vigilancia.

En el documento, el Colectivo cita dos ejemplos recientes que fundamentan su desconfianza y le dan cuerpo a la sentencia de que el Gobierno «no ha dado señales de sensibilidad social ni siquiera tras la reciente visita del papa León XIV»: el primer caso citado es la caída de los convenios que tenían instituciones prestadoras vía Incluir Salud, que deja en situación de precariedad no sólo a las instituciones sino también a las y los usuarios que contaban con esta cobertura; el otro caso es el anuncio del vocero Adrián Ravier de que se suspenderían más de 21 mil pensiones, a las que sumó casi cinco mil la semana siguiente.

«Lo unánime en el colectivo de todo el país es la absoluta desconfianza hacia el Gobierno de Javier Milei. Nadie en nuestro sector cree que pueda haber voluntad política por parte del gobierno libertario hacia la discapacidad, ni hacia las políticas de justicia social en general. No ha dado señales de sensibilidad social ni siquiera tras la reciente visita del papa León XIV», afirmaron las organizaciones en virtud de lo planteado.

Respecto de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que arriba al Senado con media sanción de Diputados, afirmaron que «resulta fundamental contar con este nuevo marco jurídico que garantice herramientas reales de exigibilidad una vez que, el próximo 31 de diciembre, caduque la vigencia de la actual Ley de Emergencia».

En paralelo, expresan su preocupación respecto de que simultáneamente con el impulso de esta iniciativa legislativa, el mismo Gobierno incluía en el proyecto de Presupuesto 2026 un ajuste al sector en el Capítulo 6. Si bien desde el oficialismo adelantaron que quitarán este punto conflictivo, el movimiento alimenta la desconfianza en el sector.

«La eliminación de los valores universales y de carácter federal para el nomenclador y la desregulación del sistema, la derogación de la pensión por discapacidad para la protección social y la incompatibilidad de las pensiones con el empleo son algunos de los retrocesos incluidos en este capítulo», detallaron.

Hacia adelante, el Colectivo de Discapacidad de Córdoba plantea que luego de la sanción de la nueva ley de discapacidad, el Gobierno Nacional tendrá la obligación ineludible de implementarla y cumplirla, sin repetir el vaciamiento y el incumplimiento sistemático que ejerció sobre la Ley de Emergencia.

«Durante todo este tiempo, la gestión de Javier Milei le dio la espalda al colectivo de personas con discapacidad de toda la Argentina, empujando a millones de ciudadanos y sus familias a una crisis extrema y a la situación más precaria de las últimas décadas. Dado que este nuevo proyecto fue impulsado incluso por la propia bancada oficialista, esperamos que el Poder Ejecutivo, al menos en este caso, no le dé la espalda a sus propios legisladores como lo viene haciendo con las personas con discapacidad, y aplique la ley de manera integral», apuntan.

En virtud de esa desconfianza, al cierre del documento presentan una serie de exigencias:

● Reactivación de los trámites para las nuevas solicitudes de pensiones. El Estado le debe respuesta a las más de 200 mil trámites de pensiones nuevas de los últimos años que el gobierno ha cajoneado.

● Implementación de las pensiones por discapacidad para la protección social: Poner en marcha estas pensiones con la participación correspondiente del COFEDIS, y establecer una política de pensiones basada en la perspectiva de derechos y el modelo social de la discapacidad. Basta de medidas tramposas y de ajustes encubiertos bajo auditorías engañosas que solo buscan recortar derechos.

● Sostenimiento y recuperación de las prestaciones: Cumplimiento efectivo de las compensaciones tanto para los prestadores que aún subsisten como para aquellos que debieron cerrar sus puertas por esta razón, garantizando que vuelvan a existir servicios adecuados, accesibles y disponibles.

● Actualización urgente de aranceles: Valores acordes a la realidad económica que permitan la continuidad de los tratamientos y el trabajo digno.

● Presupuesto adecuado y resguardo del Fondo Solidario de Redistribución: Es indispensable asignar las partidas necesarias para el sector y proteger el Fondo Solidario, que se nutre de los aportes de los trabajadores de todo el país y que hoy sufre un fuerte impacto en su recaudación debido a la indisimulable caída del empleo registrado y el aumento del desempleo real. Las personas con discapacidad, nuestras familias y quienes trabajamos en el sector no resistimos más dilaciones ni incumplimientos. Exigimos la inmediata promulgación, reglamentación e implementación por parte del Poder Ejecutivo, de la nueva ley que será sancionada esta semana.

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