El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a cargo de Elpidio Portocarrero Pinto, falló a favor de la medida cautelar que había presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en contra de los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En ese sentido, le ordenó a las autoridades del organismo dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo de esta manera cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones, y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones.
“Lo dijimos mil veces, no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El Consejo Directivo de INTI, designado por el presidente Javier Milei, había emitido la Resolución N° 42/2026, que bajo el pretexto de una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, dispuso la cesación de cientos de servicios sistematizados, privando al organismo de funciones esenciales, lo que vacía la capacidad técnica del Instituto, elimina su principal fuente de autofinanciamiento, disponiendo la desocupación efectiva de los trabajadores especializados.
Desde ATE subrayaron que a partir del fallo de Portocarrero Pinto, con una vigencia de seis meses, el Gobierno debe retrotraer las medidas dispuestas a partir de la aplicación de la Resolución 42 y restablecer la potestad de la ley por sobre la arbitrariedad, la ilegalidad y el desguace.
