Este miércoles 10 de junio se cumplió un año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia en contra de la ex presidenta Cristina Fernández, por presuntos hechos de corrupción. En ese marco, integrantes del Consejo de la Magistratura denunciaron arbitrariedades en las condiciones de detención domiciliaria que se le imponen, al subrayar que son peores que las que pesan sobre la mayoría de los narcos y los condenados por delitos de lesa humanidad. Además, diputados y senadores de los bloques Unión por la Patria y Justicialistas denunciaron que la sentencia en contra de CFK implica «la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible».
Los legisladores de Unión por la Patria (UXP) Vanesa Siley, Anabel Fernández Sagasti, Rodolfo Tahilade y Mariano Recalde, y el representante de los abogados en el organismo César Grau presentaron el informe institucional “La arbitrariedad en el caso de Cristina Fernández de Kirchner”, que evalúa sus condiciones de detención.
En informe que revela que la ex presidenta tiene peores condiciones en su arresto domiciliario que personas condenadas por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. En la mayoría de estos casos, los detenidos no tienen tobillera electrónica ni restricciones para recibir visitas como sí las tiene Cristina Fernandez.
Durante la presentación, Rodolfo Tailhade, detalló: “el 80% de los detenidos con domiciliaria en nuestro país no la tienen”.
A un año de la prisión de Cristina, ordenada por la mafia judicial al servicio del poder, les dejo mi intervención en el arranque del Plenario de hoy del Consejo de la Magistratura donde la mayoría finge demencia y se hacen los estúpidos con este tema. pic.twitter.com/g2vJDO1PjP
— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) June 10, 2026
El informe detalla que del total de 2513 detenidos “solamente el 1.76% tiene restricción de visitas”. Sobre los tipos de delitos, el diputado Tailhade explicó que “1.280 narcos tienen prisión domiciliaria en nuestro país y sólo el 0.86% tiene restricción de visitas”.
Con respecto a los condenados por delitos de Lesa Humanidad, el informe detalló que de las 247 personas con prisión domiciliaria se informó el régimen de visitas de 32 casos, de los cuales solo cinco tienen restricciones de visitas.
Sobre el uso de tobilleras electrónicas, sólo 109 condenados por delitos de lesa humedad tienen que utilizar ese mecanismo de control. “Si solo tomamos los casos en que se informó concretamente por sí o por no (218 casos) acerca del uso de la tobillera, se puede afirmar que sólo un 50% (109 personas) posee este tipo de dispositivo”, detalló el informe.
“Estamos hablando claramente de las prioridades que tiene el Poder Judicial Argentino”, aseguró Thailhade: «Las prioridades evidentemente son que Cristina no hable, que los narcos hagan lo que quieran, pero que Cristina no haga absolutamente nada«.
“El Poder Judicial Argentino está trabajando para el Poder Real, el Poder Real lo que no quiere es que Cristina sea un factor”, finalizó Rodolfo Tahilade.
Un año de proscripción política
Paralelamente, este miércoles 10 de junio diputados, diputados, senadores y senadoras de los bloques Unión por la Patria y Justicialistas brindaron una conferencia de prensa, en la cual dieron a conocer un documento conjunto, dirigido a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, través del cual cuestionan la sentencia en contra de la ex presidenta, y entre otros puntos plantean que «la decisión judicial tuvo consecuencias de manera directa en la vida democrática del país y en el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes«.
«A un año de aquellos acontecimientos, millones de argentinos y argentinas consideran que se ha consumado una forma de proscripción política que les impide participar de la vida democrática«, agrega el documento, respecto de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que se le impuso a Cristina Fernández.
«La gravedad institucional de este hecho se ve profundizada por las condiciones excepcionales y restrictivas que rodean su injusta y arbitraria detención«, agrega el documento.
Y concluye: «La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político«.
Nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 10, 2026
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Fuentes: Diputados de Unión por la Patria y Justicialistas / Agencia Farco
