A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno Nacional anticipó que supervisará «la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo» durante este lunes 3 de agosto, en el que se desarrolla el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con la adhesión de gremios universitarios y el apoyo de diversas entidades sindicales. Se ampara la «administración libertaria» en la declaración de esencialidad de la educación declamada en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Frente a esto, la Unión de Educación de la Provincia de Córdoba (UEPC) expresó su rechazo al «avance del Gobierno Nacional contra el derecho constitucional de huelga» y reafirmó que «ninguna amenaza ni intento de intimidación podrá sustituir el diálogo paritario ni vulnerar derechos constitucionales».
En un comunicado emitido este domingo 2 de agosto, UEPC subraya que la decisión del Gobierno «constituye un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga», que está garantizado expresamente en la Constitución y protegido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, puntualmente, plantea que «en la provincia de Córdoba este anuncio resulta jurídicamente inviable», ya que la educación es una competencia propia de la Provincia y en ese sentido, las y los docentes de las escuelas, tanto de gestión pública como privada, mantienen una relación laboral regida por la legislación y las autoridades provinciales. «En consecuencia, el Ministerio de Capital Humano de la Nación carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones sobre trabajadores dependientes del sistema educativo provincial», enfatiza.
