La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones, expresaron su rechazo a la adhesión en nombre de Argentina que firmó el gobierno de Javier Milei al Consenso de Ginebra, impulsado por la organización de ultraderecha Political Network for Values, que combate el aborto legal y en nombre de la «familia» y la «protección de la infancia» pretende volver a colocar los cuerpos de las mujeres bajo control político y religioso.
«La ESI es un derecho: brinda herramientas para conocer nuestros cuerpos, construir vínculos respetuosos, prevenir abusos y violencias y ejercer una sexualidad libre y responsable. El aborto legal también es un derecho conquistado después de décadas de organización y lucha feminista. No vamos a aceptar que esas conquistas sean utilizadas como moneda de cambio en una agenda internacional conservadora«, indicaron desde la APDH.
La Campaña, por su parte, aclaró que la adhesión del gobierno de Javier Milei al Consenso de Ginebra, aunque sea en nombre de la Argentina, «no modifica nuestra legislación vigente, por lo que su adopción responde estrictamente a un posicionamiento ideológico: el actual Gobierno elige alinearse con una coalición internacional de derecha que busca restringir los derechos sexuales y (no) reproductivos».
Remarcaron que se trata de una «cruzada internacional contra la autonomía, los derechos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, y la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos» y que pese a este avance global, la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se encuentra plenamente vigente en todo el territorio nacional.
Al respecto, apuntó también la Campaña que el gobierno de Javier Milei viene sistemáticamente obstaculizando el acceso a la IVE mediante el desfinanciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y la desarticulación del Programa Remediar.
Y volviendo al Consenso de Ginebra, plantearon con preocupación que «Argentina reconoce constitucionalmente los tratados internacionales de derechos humanos, como la CEDAW y el PIDESC, que obligan jurídicamente al Estado argentino a respetar y garantizar nuestros derechos»; por lo que «esta decisión también viola los principios de no regresión y de progresividad en materia de derechos humanos, que impiden al Estado avanzar deliberadamente hacia la restricción de derechos ya reconocidos y garantizados».
