En la maratónica sesión del Senado de este jueves 19 de noviembre, fue aprobada por unanimidad (con 71 votos) la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que reconoce los puntos principales de la Emergencia que vence a fines de diciembre y que el gobierno de Javier Milei se negó sistemáticamente a cumplir, pese a que había sido aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad destacó que esta aprobación es «un logro de las personas con discapacidad, de su enorme capacidad de lucha y de sus familias, que sostuvieron este reclamo aún frente a las dificultades y la incertidumbre»; y «un reconocimiento a los prestadores y trabajadores del sector, que hacen lo imposible para sostener los servicios, garantizar las prestaciones y preservar la calidad de atención, aún en un contexto de profunda crisis».
«Esta conquista demuestra que la defensa de los derechos necesita de una sociedad movilizada y comprometida. Pero la tarea no termina acá. Aún está pendiente el debate en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2027. Es indispensable que se contemplen las partidas necesarias para garantizar el financiamiento y el cumplimiento efectivo de la ley», expresó el Foro y concluyó con una arenga: «Los derechos se conquistan, pero también se garantizan con políticas públicas y recursos suficientes».
La nueva ley
El objetivo formal de la flamante norma es garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad en Argentina) y brindar previsibilidad a beneficiarios y prestadores.
La iniciativa también introduce modificaciones en los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas, contempla su compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones y establece un sistema de auditorías periódicas.
En calidad de miembro informante, el senador Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) sostuvo que la propuesta «genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia, con reglas estables» y aclaró que «no entraña absolutamente ningún recorte». Respecto a esto último, las organizaciones de usuarios, familias, prestadores, transportistas e instituciones del sector adelantaron que llevarán adelante una vigilancia activa del cumplimiento de la nueva Ley, exponiendo su desconfianza frente a un gobierno que viene ajustando a la discapacidad desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
En relación con los mecanismos de control, explicó Monteverde que se garantizará a los beneficiarios la notificación fehaciente y un plazo para efectuar los descargos correspondientes ante eventuales irregularidades detectadas en las auditorías. Además, precisó que la suspensión preventiva sólo podrá aplicarse una vez vencido ese plazo y que estará contemplada la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Respecto del financiamiento, indicó que los gastos se imputarán al Ministerio de Salud y, de resultar insuficientes los recursos, a la jurisdicción 91 que corresponde a una cláusula estándar utilizada en leyes y decretos del Presupuesto Nacional para garantizar el financiamiento de gastos extraordinarios o compromisos específicos. Finalmente, afirmó que «nadie va a quedar sin cobertura y sin ser escuchado» y destacó que el proyecto busca asegurar la sostenibilidad fiscal y un alcance federal.

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner (Justicialista) agradeció a los legisladores que acompañaron el dictamen con 25 firmas, aunque advirtió que la iniciativa presenta aspectos pendientes de revisión y observaciones por realizar. En ese sentido, señaló que «toda ley es perfectible» y que será necesario realizar nuevos aportes para mejorarla. Asimismo, remarcó que «ninguna sanción legislativa reconstruye los derechos que fueron vulnerados«, en relación a los recortes que viene imponiendo el Gobierno, y consideró que, si bien la aprobación representa «una respuesta muy importante», constituye apenas un punto de partida y no una solución definitiva.
A su turno, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) explicó las diferencias entre los dos tipos de pensiones contemplados en el artículo 5 y precisó que «una es la pensión por discapacidad a la protección social y otra es la pensión por invalidez». Al respecto, señaló que mientras la primera establece una limitación laboral a través del Certificado Único de Discapacidad, la segunda impide que la persona pueda trabajar. Finalmente, aclaró que la aprobación de la iniciativa «no significa que le vamos a resolver el 100% a la gente» y sostuvo que su voto positivo también representa un reconocimiento a quienes lucharon para que el proyecto llegara al recinto.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), en tanto, el senador Maximiliano Abad advirtió que, una vez sancionada la ley, «el gran desafío que tenemos es la operatividad de todo esto» y remarcó la importancia de garantizar «cómo estas políticas públicas llegan al territorio». En ese sentido, planteó la necesidad de asegurar los fondos y su ejecución, que «los prestadores cobren a tiempo» y que «las familias no necesiten ir a la Justicia para garantizar un tratamiento». Finalmente, citó un mensaje del papa León, quien días atrás recordó que «el progreso de un país debe medirse por cómo ese país cuida y protege a las personas con discapacidad», y sostuvo que «nosotros debemos hacernos cargo de ese mensaje».
Fuente: Senado
Fotos: Foro Permanente Discapacidad
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