Este miércoles 5 de febrero, el Gobierno de Javier Milei informó que modificará la Ley de Identidad de Género para prohibir los tratamientos de transición de género con personas menores de 18 años y que quitará del Plan Médico Obligatorio (PMO) estas intervenciones de salud, fundamentales para las personas trans. La decisión ocurre apenas días después de la Marcha Federal Antifascista y en medio de un sostenido ataque que el Presidente viene sosteniendo contra lo que define peyorativamente como «ideología de género».
Las decisiones fueron anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y un mensaje en redes de la Oficina del Presidente. Amparándose presuntamente en el «interés superior del niño», se llegó a calificar como «abuso infantil amparado en una agenda de género» a los tratamientos de hormonización.
En rigor, se pretende anular el artículo 5° de la Ley de Identidad de Género, que establece que con relación a las personas menores de 18 años de edad, las solicitudes de tratamientos deberán ser efectuadas «a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes».
Asimismo, dicho artículo establece que «la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061»; e indica además que «cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes».
Adujo Adorni en su alocución que «estas intervenciones a las que se exponen a los niños es un grave riesgo para su salud física y mental, porque implica una interrupción en su proceso de maduración»; y frente a la evidencia de que se trata de un nuevo ataque del Gobierno a las conquistas de derechos en materia de género y diversidad, expresó que «esta medida lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental».
En tanto, el diario La Nación, agregó que, según le revelaron fuentes del Ministerio de Salud, se dispondrá además que “a partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”. Esta decisión implicaría un serio perjuicio para una comunidad históricamente vulnerada y precarizada.
Foto: Ariel Gutraich / Agencia Presentes
