En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno Nacional anunció de manera grandilocuente la desclasificación de archivos de inteligencia vinculados a la última dictadura. Frente a la expectativa generada, la asociación civil de Archivistas de la Función Pública Argentina (AFPA) aclaró que «los archivos de la Fuerzas Armadas del período 1976 -1983 fueron desclasificados por decreto en el año 2010» y que este Gobierno cerró un programa de relevamiento documental que realizó un «trabajo monumental» al respecto. En ese marco, alertaron que «no son necesarios grandes anuncios», sino políticas públicas que sostengan los archivos, con planificación y recursos materiales y humanos.
Detalló la AFPA que para 2010, de la mano de la desclasificación de los archivos de la dictadura, «se creó un equipo de relevamiento documental y un equipo de archivistas en el Ministerio de Defensa que trabajó incansablemente, llegando a identificar y poner al acceso público gran parte de la documentación producida por las distintas fuerzas, al punto que a fines del 2015 se llegó a crear un Sistema de Archivos de la Defensa».
«Fue un trabajo monumental, que no tiene paralelo en ningún país de América Latina y que permitió hallar una gran cantidad de información que se aportó a la justicia (y a la historia)», remarcó la entidad.
Sin embargo, revela la AFPA que dicho programa fue desmantelado durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, que lo desfinanció y despidió a muchas trabajadoras y trabajadores; mientras que en la gestión de Alberto Fernández no se recuperaron los recursos, ni las líneas de trabajo y el programa de archivos se terminó de vaciar; y el gobierno de Javier Milei «directamente, lo cerró».
Agregó la entidad que también en la gestión de Alberto Fernández se llevó adelante un proyecto con la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) que inició tareas de relevamiento documental, pero no realizó un tratamiento archivístico que permitiera el acceso ni hizo público el trabajo realizado.
En ese marco, subrayó la AFPA que «para que los archivos se encuentren abiertos y accesibles no son necesarios grandes anuncios, son necesarias políticas públicas que los sostengan: se necesita planificación archivística y recursos (materiales y humanos)».
«Destacamos que la voluntad política de continuar abriendo archivos debe traducirse en asignación de recursos económicos y profesionales capacitadas/os en la disciplina archivística para poder identificar dónde está la documentación que aún no se ha hecho pública, clasificarla en función de su origen de producción (y no de los temas de interés del gobierno, sea cual sea), describirla y ponerla al acceso público», concluye el comunicado.
