El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado a través del cual expresó su «profunda preocupación y rechazo» ante la creación de la cuenta de la red social X denominada «Oficina de Respuesta Oficial», promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones». Entiende la entidad periodísticas que de esta manera «se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica».
Subraya el documento de Fopea que «el periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder»; y que, por el contrario, «trabaja para aportar información verificada». En contraste, plantea que «la pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre».
En esa línea, advierten sobre «la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad'» y advierten como particularmente «alarmante» el hecho de que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia: «Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica».
Asimismo, contextualizan que la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» ocurre mientras desde el Gobierno «se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial«.
«El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar», sentencia Fopea a continuación y concluye que «ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública».
