Por Agencia FARCO. Los abogados de la ex presidenta afirman que las trabas las ponen tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo y la Cámara Federal porque no quieren que se profundice en los vínculos con sectores políticos y empresarios de oposición.
Este 1 dd septiembre se cumplió un año del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y la causa no avanza en investigar las posibles conexiones políticas.
Por el momento están imputados e irán a juicio oral Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a pocos centímetros de la cabeza de la ex presidenta, su novia Brenda Uliarte, quien estaba presente aquella noche del ataque en el barrio porteño de Recoleta, y Nicolás Carrizo.
La parte de la causa que investiga el trasfondo político tiene pocos avances. Los abogados de la ex presidenta afirman que las trabas las ponen tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo y la Cámara Federal porque no quieren que se profundice en los vínculos entre los copitos y sectores políticos y empresarios de oposición.
Sólo se logró después de casi 1 año que se pueda peritar el celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milmann, que según un testigo sabía que habría un atentado contra la vicepresidenta. Sin embargo el celular de Milman fue borrado al igual que el de sus asesoras.
Tampoco avanzó la investigación sobre la empresa Caputto Hermanos, del ex ministro macrista Luis Caputto, por los millones de pesos que le dieron en efectivo en los días previos al atentado a Jonatan Morel, líder del grupo Revolución Federal por supuestos trabajos de carpintería.
Natalia Salvo, Integrante del Frente de Abogados Populares reflexionó: “Representa un atentado contra las instituciones y contra la democracia porque ella representó y gestionó un gobierno de ampliación de derechos de las minorías, derechos sociales, económicos, de la seguridad social, incorporó a la vida de la ciudadanía a millones de argentinos”. Y agregó: “esto el poder real, el poder económico no lo perdona”.
Por otro lado, el diputado nacional del Frente de Todos y secretario General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky resaltó que se cumple un año de encubrimiento: “el intento de magnicidio marcó los 40 años de democracia un momento de absoluta tensión, un momento en que estuvimos en vilo y al borde de volver a un país en que la violencia política se instalara”.
Héctor Amichetti de la Corriente Federal de Trabajadores mostró su preocupación por la falta de repudio de todas las fuerzas políticas: “Nos preocupa realmente que en el marco de esta democracia no haya habido un repudio generalizado por parte de fuerzas políticas que están disputando en esta coyuntura electoral la posibilidad de ser gobierno”.
