Asamblea Paravachasca sobre la Variante Ruta 5: «Cuestionamos toda una lógica de desarrollo sobre las comunidades que no nos representa, no hemos consensuado y nos vulnera»

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La Asamblea Paravachasca emitió un comunicado titulado «¿Por qué consideramos que la autovía no es prioridad?», que reitera el cuestionamiento de este espacio comunitario sobre el proyecto vial que anunció el Gobierno de la Provincia, que pretende abrir una nueva vía, paralela a la Ruta 5. Las críticas se centran en la falta de instrumentos participativos reales, en la desconfianza en los organismos de control y en los perjuicios que genera socioambientalmente la política de desarrollo imperante.

A continuación, se reproduce el comunicado completo:

¿Por qué consideramos que la autovía no es prioridad?

Porque reconocemos que las prioridades en el Valle de Paravachasca son otras: agua corriente y potable en muchos barrios, viviendas dignas para muchas familias, un servicio sanitario público de calidad e integral y no centralizado, mejorar la educación de nuestras escuelas públicas, cuidar el bosque nativo y los seres vivos que los habitan, y el ordenamiento participativo del territorio que contemple estas necesidades vitales prioritarias.

Porque venimos experimentando sucesivos y sistemáticos avances sobre el territorio, la ciudadanía y el bosque nativo, que transparentan la inexistencia de una política pública de ordenamiento territorial, de protección de la vida y los bienes comunes, en resguardo de quienes habitamos los territorios. La expansión de la frontera agrícola-ganadera, el crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la avanzada de los grandes desarrollos inmobiliarios y de la infraestructura vial sobre zonas de conservación de ecosistemas nativos, constituyen algunas de las causas principales de los procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación de los suelos y del deterioro de los servicios ecosistémicos de Córdoba.

En el Valle de Paravachasca, durante el año 2020, se han quemado más del 50% de las áreas bajo las Categorías de Conservación I y II (zona roja y zona amarilla) según la Ley Provincial 9814 de OTBN (de un total de 21.169 hectáreas bajo conservación en el Valle, se quemaron 12.160 hectáreas de bosque nativo). Además, cuando se visualiza la frecuencia de incendios forestales en los últimos 20 años en el Valle, se infiere que son siempre las mismas zonas las que se queman sistemáticamente.

Entonces, el avance de las áreas urbanas (superficies construidas) se ve acelerado/incentivado por la degradación del territorio (incendios forestales), el desarrollo de la infraestructura vial y la liberación de las zonas correspondiente a la interfaz urbano-rural.

El gobierno de la provincia de Córdoba no puede continuar proyectando intervenciones en los territorios sin tener en cuenta la voz y los intereses de todos sus habitantes. Para ello, es fundamental asegurar y ampliar los procesos de participación -que otorguen o nieguen la licencia social al proyecto- y la efectiva difusión de los mecanismos de monitoreo y seguimiento del impacto ambiental que se manifiesta en el proyecto de obra pública, principalmente para aquellos vecinos/as que habitan los territorios sobre los cuales se llevarán adelante las actividades que puedan generar consecuencias significativas sobre el ambiente y a quienes debe asegurarse el acceso a la información y a los dispositivos adecuados de participación ciudadana.

Porque cuestionamos el proceso y contexto en el marco del cual se forjan e implementan las herramientas de gestión ambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental y los planes de gestión ambiental presentados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que van a ser utilizados para legitimar el avance de esta obra, en el marco del supuesto “desarrollo sostenible” en la Provincia de Córdoba, que no tiene nada de sostenible ni sustentable dado lo que manifiestan en sus páginas. Así mismo, la Secretaría de Ambiente solo genera instancias de participación ciudadana no vinculantes, a través de Audiencias Públicas virtuales, que anulan así su carácter participativo, quedando en un mero formalismo administrativo.

Situación que se acentúa en las actuales condiciones de crisis sanitaria por la pandemia, que excluye a los/as vecinos/as que no disponen de los medios económicos y tecnológicos para acceder a la Audiencia Pública.

Porque también, frente a los constantes atropellos -tanto del gobierno provincial como de las gestiones comunales y municipales-, es que resulta inminente la necesidad de organización por parte de quienes integramos el Valle de Paravachasca, ya que no sólo se precisa conocer cuáles pueden ser los posibles efectos y consecuencias socio-ambientales que podría traer aparejada esta intervención en las áreas involucradas, sino también porque es imperioso proteger los seres vivos, los ecosistemas y nuestro bienes comunes, y cuestionar la lógica de “desarrollo” que se propone bajo el postulado de que existe la necesidad de “llegar más rápido” a un lugar que, a este ritmo acelerado, tiende a su inminente desaparición.

Por ello, reiteramos desde esta Asamblea que no estamos discutiendo solamente la viabilidad de una Autovía que va a fragmentar el territorio, las interacciones ecológicas y los vínculos sociales y culturales en Paravachasca, sino que cuestionamos toda una lógica de desarrollo sobre las comunidades, que no nos representa, no lo hemos consensuado, y nos vulnera en todas las dimensiones sociales.

Consideramos urgente analizar y visibilizar las razones por las cuales las políticas públicas nacionales y provinciales impulsan, con la obsecuencia pasiva de los municipios y comunas, la concreción de las obras viales de gran escala en la provincia de Córdoba.

Finalmente, porque resulta fundamental que desde el Estado se cumpla, sin ningún tipo de excepción, lo que claramente establece la legislación en materia ambiental -tratados internacionales y legislación nacional y provincial-, la cual expresa claramente la necesidad de proteger, conservar y preservar la vida y los bienes comunes, amparar la calidad de vida de quienes habitamos estas tierras y brindar condiciones para una real participación de la ciudadanía en estos asuntos vitales.

Por todo lo anterior, una vez más desde el valle de Paravachasca, proclamamos y afirmamos que toda obra pública o privada de la magnitud e impacto de la Variante Ruta Provincial N° 5, que pretenda avanzar por este territorio y nuestras vidas, sin la participación real y plena de la ciudadana, carece de licencia social.

¡Sin licencia social no hay ni habrá licencia ambiental!

¡El agua, la tierra, los ríos y los bosques NO SON MERCANCÍAS, SON BIENES COMUNES de y para LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA de la que forman parte!

ASAMBLEA PARAVACHASCA

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