El miércoles 6 de junio, la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante dispuso el pedido al Ejecutivo de información sobre el «costo fiscal para el Erario Público que ocasiona» el convenio que pretende suscribir con Telecom por alrededor de cuatro millones de pesos para saldar una deuda de cinco años. El pedido hace lugar a un reclamo sostenido por el bloque radical, que denuncia que este acuerdo condonaría un 60 por ciento de lo adeudado por la empresa.
En medio del debate en el recinto legislativo, el concejal radical Roberto Brunengo reconoció los esfuerzos de su par de Unión por Córdoba, Jesica Heredia, presidenta de la Comisión de Legislación General en este tema; más fustigó al Ejecutivo por haber asistido a dos reuniones previas sin información en la mano e incluso en la última, sin siquiera la presencia de un funcionario de peso que diera las explicaciones pertinentes.
Poniendo en duda la transparencia del Ejecutivo municipal, Brunengo apuntó que «lo que está haciendo ahora el bloque de la mayoría es solicitar ese costo fiscal por escrito para saber en definitiva qué es lo que estamos condonando», ya que no ha habido hasta el momento precisiones. También demandó que el Ejecutivo eleve un informe al Concejo Deliberante en el que se detallen las actuaciones de las secretarías de Obras Públicas e Infraestructura que entre 2012 y 2018 tuvieron a su cargo el control de las actividades desempeñadas por la empresa Telecom con sus estructuras portantes (antenas).
Dijo Brunengo que toda esta información requerida debe llevar a entender «si el convenio que pretende el Ejecutivo que aprobemos es tan beneficioso como se encarga de decir en la prensa». Acto seguido, hizo referencia a los propios ediles oficialistas: «Ni siquiera los compañeros que tengo sentados enfrente saben a ciencia cierta qué es lo que estamos condonando porque nadie se sentó con la verdad en la mano para contarnos a los conejales primero y a los vecinos después, por qué es tan beneficioso este convenio que se firma con la empresa Telecom, que desde 2012 a esta fecha se niega a pagar sistemáticamente lo que estipulan las ordenanzas vigentes porque argumentan que es confiscatorio».
Y dejando entrever que este acuerdo de cerca de cuatro millones de pesos que pretende que se apruebe el Ejecutivo privilegia a la trasnacional Telecom respecto del resto de la comunidad, acometió Brunengo: «Yo me pregunto y les pregunto a los concejales de enfrente cuántos son los vecinos que tienen la posibilidad de decirle al Estado municipal ‘yo no les pago la tasa que ustedes me quiere cobrar durante cinco años’ y después de eso, sin iniciarle una sola acción judicial como corresponde, el Ejecutivo le firma un acuerdo de condonación de deuda de un monto altísimo sin cobrarle un solo punitorio». Asimismo, el edil opositor señaló como grave que en el mismo acuerdo, el Ejecutivo se comprometa con la empresa a modificar la ordenanza que establece la tasa que debe cobrársele para actualizar los montos: «La facultad de modificar las ordenanzas, y más en materia tributaria, es del Concejo Deliberante y no del Poder Ejecutivo»
