Vecinxs organizadxs en «Santa María Sin Basura» emitieron un comunicado titulado «Schiaretti: Basta de basura», donde dieron a conocer su análisis de la apelación interpuesta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba sobre la «causa Cormecor».
Luego de la sentencia emanada por el poder judicial el día 30 de Diciembre de 2019, que declaraba «no apto» al predio donde CORMECOR pretendía instalar un nuevo megabasural, lxs vecinxs organizadxs recibieron dicha apelación para su conocimiento conforme a derecho, y emitieron un comunicado dando a conocer su análisis de dicha apelación presentada por el Gobierno Provincial.
Cabe recordar que el predio donde la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR) pretendía instalar el nuevo predio de enterramiento, fue declarado «no apto» por el poder judicial por motivos tales como irregularidades en la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente, la cercanía a asentamientos urbanos, entre otros.
Llamativamente, la apelación interpuesta por la Provincia, el letrado acusa a lxs juecxs que se expidieron sobre la cuestión a fines de 2019 de «excederse en el control de juricidad del ejercicio de la discrecionalidad técnica». En este sentido, lxs vecinxs de «Santa María Sin Basura» se preguntan: «¿Qué quieren decir? ¿Que la ‘discrecionalidad’ les permite aprobar Estudios de Impacto Ambiental mentirosos, falsos? ¿Qué mienten descaradamente en relación a la ubicación y existencia de personas que serán gravemente afectadas? ¿Para eso quieren “discrecionalidad”?».
A continuación, el comunicado completo de lxs vecinxs nucleadxs en «Santa María sin Basura»:
La semana pasada se nos corrió vista de la apelación interpuesta por el gobierno de la provincia de Córdoba contra la Sentencia dictada el pasado 30 de diciembre por la Cámara Primera en lo Contencioso Administrativo, mediante la cual la Justicia dictaminó que el predio elegido por Cormecor NO ES APTO, e hizo lugar al Amparo Ambiental contra la instalación de un nuevo enterramiento sanitario en cercanías de las localidades de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros.
Recordemos que luego de cinco años de litigio, la Justicia concluyó que la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgó de manera arbitraria, científica y técnicamente infundada, la licencia ambiental a Cormecor. Ya que, por una parte, no atendió a las objeciones de los afectados, tal cual lo establece la ley, generando una recurrente “invisibilización de los afectados directos”. Y, los funcionarios provinciales tampoco fundamentaron por qué no respetaron el apartamiento mínimo de 4 km de zonas habitadas recomendado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba. Recordemos que, mientras en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, y aprobado por la provincia, dice que hay 5km entre el predio y la localidad más cercana (Villa Parque Santa Ana); las pericias oficiales demostraron que hay menos de 1km entre el predio y Villa Parque Santa Ana, menos de 3 km de distancia al ejido de Bouwer y menos de 4 km a Los Cedros. Que en la zona de impacto directo quedaría el paraje Potrero del Estado, incluida su escuela, más de 20 familias que habitan en la zona rural Alto El Durazno y el sector Este de Villa Parque Santa Ana.
Las pericias oficiales son muy contundentes, señalan que los funcionarios públicos actuaron de manera arbitraria e infundada.
En su apelación, el abogado de la provincia acusa a los jueces de excederse “en el control de juricidad del ejercicio de la discrecionalidad técnica”. ¿Qué quieren decir? ¿Que la “discricionalidad” les permite aprobar Estudios de Impacto Ambiental mentirosos, falsos? ¿Qué mienten descaradamente en relación a la ubicación y existencia de personas que serán gravemente afectadas? ¿Para eso quieren “discrecionalidad”?
Los demandados se quejan en igual sentido porque los jueces develaron la sistemática “invisibilización de los afectados” en el proceso de evaluación de impacto ambiental, lo que implica que violaron el derecho a la participación ciudadana.
Y en un ejercicio de brutal hipocresía, afirman -resaltándolo en negritas- que: “Reiteramos, en todo momento fueron partícipes los posibles afectados, fueron oídos en todas las instancias y se les ha dado respuesta en el proceso ambiental previsto a tal fin..” (Apelación Provincia de Córdoba, destacado en el original).
Los principales afectados jamás hemos sido tenidos en cuenta. No fuimos debidamente informados de la audiencia pública que se realizó entre gallos y medianoche a más de 50 km de nuestra localidad, aunque nosotros contamos con múltiples instalaciones adecuadas para tal fin. El intendente de Santa Ana y los pocos vecinos que llegaron a la audiencia fueron abucheados, agredidos y amedrentados. No fuimos recibidos jamás por los funcionarios estatales, aunque enviamos numerosos pedidos de audiencia con el gobernador y el intendente de Córdoba. No se nos respondió cuando concurrimos a la Secretaría de Ambiente a solicitar el expediente correspondiente a Cormecor -a pesar que la ley señala la obligatoriedad de entregar la información pública ambiental-. Cuando concurrimos a casa de gobierno con nuestros hijos, unos días antes de navidad, nos recibieron con un vallado de dos metros, perros y policía… ¿Esa es la forma en que el gobierno de la provincia de Córdoba escucha a sus ciudadanos? Jamás nos atendieron y jamás nos escucharon.
Y siguen cerrando sus oídos. No escuchan a la Justicia, siguen mintiendo y agrediendo a las personas -ciudadanos de esta provincia- a las que deberían proteger.
Aunque den muchas vueltas retóricas, no pueden justificar por qué aprobaron un lugar que no cumplía con los requisitos de aptitud. No cumple con la distancia necesaria a las poblaciones, una cuestión central si les importara un ápice la vida de sus ciudadanos.
Es claro que los principales responsables de todo esto son los funcionarios públicos de la provincia que debieron rechazar de plano este predio allá por 2015. Es a ellos a los que la provincia debería demandar, pero en su lugar arremete contra los vecinos. ¿Cuántas angustias, recursos económicos, horas de protestas y padecimiento de la violencia institucional nos hubiésemos ahorrado si hacían bien su trabajo? La ciudad de Córdoba ya tendría un proyecto y un predio adecuado; si en vez de aprobar arbitraria e infundadamente este predio -creyéndonos y tratándonos como infrahumanos sacrificables- lo hubiesen desaprobado y obligado a Cormecor a respetar los requisitos de apartamiento. Si en vez de aprobar un proyecto que intenta producir tres montañas de basura aún más grandes que la que crearon en Bouwer, hubiesen obligado a la empresa a proyectar y ejecutar un plan riguroso de reducción, separación, recolección diferenciada y reciclado de residuos como establece hace 20 años nuestra ley GIRSU. ¿Cuánto tiempo y calidad de vida hubiésemos ganado todos?
Los únicos que nos han perjudicado a toda la población y perdido un tiempo invaluable, son ustedes funcionarios del gobierno de la provincia y de cada una de las municipalidades integrantes de Cormecor. Ustedes incumplieron sus deberes y hoy la patria los demanda.
Si creen que la cuarentena nos desmoviliza, nos ciega o nos calla, se equivocan:
SANTA ANA SIGUE LUCHANDO POR LA VIDA, HOY MÁS QUE NUNCA.
FUENTE: Santa María sin Basura
