El legislador socialista, del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Legislatura, presentó un proyecto para que el cuerpo legislativo provincial exprese su preocupación y rechazo a la suspensión de la operatividad de las cooperativas creadas entre 2020 y 2023 en el país, a partir de lo anunciado por el vocero Manuel Adorni.
La propuesta de Chamorro responde a la preocupación generada por la avanzada del gobierno de Javier Milei, que puso en alerta al sector cooperativo. «Tanto por la arbitrariedad de lo expresado, propendiendo un trato discriminatorio a las entidades del tercer sector, como por lo que implica para el rubro de las cooperativas afectadas por la medida en la que se desempeñan unas 300.000 personas», expresó el legislador.
Asimismo, Chamorro se mostró crítico de la medida tomada por el Gobierno Nacional: «El sector cooperativo no tiene problema de ser auditado ni controlado, de hecho así se viene haciendo históricamente por el INAES que hoy mantiene la mayoría de los vocales que venían de la anterior gestión».
Sin embargo, advirtió que «el intento de suspensión de cooperativas por el solo hecho del período o fecha en que se otorgó la matrícula, sin los elementos necesarios que faciliten tal decisión disciplinaria, no solo constituye un ataque al sector, sino que es violatorio de los derechos de dichas personas jurídicas».
Y concluyó que lo que se persigue con esta medida «no es otra cosa que una provocación que busca asustar y denigrar a las y los trabajadores»; destacando que en este contexto «las cooperativas vienen siendo la respuesta ante el desempleo y la crisis, otorgando las herramientas necesarias para sostener un trabajo autogestionado».
En la sesión ordinaria de este miércoles 3 de abril, el cuerpo legislativo provincial además aprobó la adhesión a la Ley Nacional N° 27.671 de capacitación obligatoria en la «Cuestión de las Islas Malvinas» para todos los agentes y funcionarios públicos; también expresó su rechazo a la nominación de dos varones para la Corte Suprema de Justicia e instruyó a los senadores por Córdoba para que se abstengan de prestar acuerdo al nombramiento; y aprobó la declaración de la lengua ranquel como parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de la provincia.
