La Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación dispuso «la suspensión provisional y excepcional de la Resolución N° 242/2017 de la Comuna de Dique Chico», que establece una zona de resguardo ambiental que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de las viviendas y la escuela Bernardo de Monteagudo. La medida cautelar empezaría a regir desde el 1° de febrero de 2018.
Esto es porque, según manifiesta expresamente el texto firmado por los vocales de Cámara, Humberto Sánchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo, la disposición se extiende por 30 días hábiles judiciales desde la fecha de notificación, que al final del texto está fijada en el 2 de enero de 2018. Al iniciarse en enero la feria judicial, interpreta el abogado Darío Ávila, que patrocina a los vecinos promotores de la resolución que prohíbe las fumigaciones, que la medida cautelar comenzará a regir desde el 1° de febrero.
Requerimientos a las partes
La medida cautelar de la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación dispone, además de la suspensión de la Resolución comunal, una serie de requerimientos a las partes en un plazo de veinte días hábiles.
A los amparistas les solicita «un informe acerca de la metodología, procedimientos y maquinarias utilizados en el tratamiento, la aplicación y la disposición final de envases, restos o desechos de los productos químicos y biológicos de uso agropecuario y fitosanitarios, acompañando en su caso la documentación acreditante de ello, que aún no hubiese sido agregada al proceso».
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, le pide «un informe circunstanciado y complementario al agregado a fs. 604/629vta. sobre cada uno de los procedimientos de inspección y fiscalización realizados en el marco de la Ley 9164 en la ‘Zona de Resguardo Ambiental (ZRA)’ creada por la Resolución N° 242/2017 de la Comuna de Dique Chico, que aún no se hubieren adjuntado al Expediente N° 0435-002086/2017, fecha de inicio 17/11/2017». Además, le demanda «disponer que, en virtud de este conflicto, deberán intensificarse las acciones de inspección y fiscalización en la zona de referencia». También le solicita que «explique circunstanciadamente si las ‘ZONAS DE RESGUARDO AMBIENTAL (ZRA)’ y las prohibiciones establecidas en la Resolución N° 242/2017 de la Comuna de Dique Chico, son más restrictivas que las establecidas en la Ley N° 9164, dando los fundamentos de ese análisis comparativo».
Por último, a los ministerios provinciales de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y de Salud, se le solicita «un informe circunstanciado sobre las acciones que pudieren haberse llevado a cabo en la ‘Zona de Resguardo Ambiental (ZRA)’ de la Comuna de Dique Chico, sobre daño ambiental y a la salud de la población de este centro urbano por el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario y sustancias fitosanitarias y el tratamiento de los residuos peligrosos, incluyendo los estudios epidemiológicos que pudieren haberse realizado o que pudieren realizarse».
Conflicto de Derechos
La medida cautelar responde a un amparo presentado por una decena de productores de Dique Chico que entienden que la Resolución 242/2017, aprobada en noviembre pasado a partir de un reclamo sostenido de buena parte de la comunidad, les impide trabajar.
Ávila se siente confiado en que el Poder Judicial provincial fallará a favor de los vecinos, a partir de lo ocurrido en presentaciones similares de productores en otros lugares de la Provincia, en los que el Poder Judicial ha terminado fallando a favor de las ordenanzas o resoluciones.
El abogado cita como ejemplo paradigmático, el caso de Alta Gracia, en el que una Ordenanza prohíbe fumigar a menos de 1500 metros de las viviendas. «El Tribunal Superior de Justicia ha actuado en favor de estas ordenanzas y resoluciones, entendiendo que resguardan derechos humanos fundamentales como el Derecho a la Salud, a la Vida y a vivir en un Ambiente Sano», explicó Ávila, quien analizó que «la Justicia viene dando señales a favor» de la demanda de las comunidades.
