Discapacidad: advierten sobre el riesgo de cierre que atraviesan instituciones por incumplimientos de la Nación

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La Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) de Córdoba informó que las instituciones que conforman la red de servicios para personas con discapacidad continúan su labor sin percibir los pagos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud (PFIS). «Este atraso sostenido en los pagos pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones, compromete la continuidad de los servicios y genera una situación de extrema fragilidad en todo el sistema prestacional», denuncia.

Fundamentalmente, remarcan, «esta situación vulnera de manera directa los derechos de las personas con discapacidad, quienes ven amenazado el acceso a tratamientos esenciales para su desarrollo, salud y calidad de vida».

En ese marco, plantean con énfasis que «el acceso a prestaciones en discapacidad no constituye un beneficio opcional, sino un derecho garantizado por la normativa vigente, entre ellas la Ley 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país».

Y que en ese marco, la falta de pago por parte del Estado no solo incumple sus obligaciones legales, sino que traslada el costo del sistema a las instituciones y a los trabajadores, poniendo en riesgo su funcionamiento y la continuidad de miles de tratamientos.

Frente a este escenario, desde Capredis exigen: «El pago inmediato de las prestaciones adeudadas (desde noviembre de 2025); la regularización urgente del circuito de financiamiento del sistema; la garantía de sistematicidad y regularidad en la cadena de pagos; el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de discapacidad».

Finalmente, advierte la institución que nuclea a los prestadores que de no mediar una respuesta urgente, se verá seriamente afectada la continuidad de las prestaciones, con consecuencias directas sobre las personas con discapacidad y sus familias.

«Cuando el sistema que debe garantizar derechos deja de funcionar, lo que está en juego no es solo la continuidad de los servicios: es la dignidad, la inclusión y la vida cotidiana de miles de personas«, concluye.

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