En la mañana de este miércoles 11 de octubre, instituciones, prestadores, familias y personas con discapacidad se movilizaron para visibilizar en Alta Gracia los reclamos por homologación de aranceles, pagos al día, menos burocracia y mayor celeridad en los trámites para esta población, que se amplifican a lo largo y a lo ancho del país.
El punto de encuentro fue la explanada del Museo de la Estancia. Desde allí, se llevó adelante una pequeña movilización por el centro y una asamblea abierta, en la que se compartieron problemáticas comunes. Estuvieron presentes las instituciones que conforman el colectivo Micelio: Fundación Espacios, Crecer, Kamay, Sisame y también prestadores particulares.
Radio Tortuga 92.9 conversó con referentes de este movimiento para interiorizarse en los reclamos.
Mónica Torres, de Fundación Espacios, precisó que una de los principales reclamos tiene que ver con «los aranceles que se nos pagan, que no aumentan desde marzo». Subrayó que estos atrasos, además de poner en riesgo el puesto de trabajo de los profesionales y vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, ponen en riesgo el sostenimiento de las instituciones.
«Si bien tratamos de no tener deuda, en un momento no hay más plata», advirtió, detallando que las instituciones de la ciudad están trabajando este año «con ahorros genuinos», pero que hay incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en 2024.
«Hace 20 años venimos con esta lucha y jamás dejamos de atender a un paciente porque las obras sociales no pagan, pero se ha agudizado la situación», agregó.
María José Juri, de la Fundación Kamay, por su parte, destacó que el reclamo de Alta Gracia está alineado con las demandas a nivel nacional y adelantó que se acompañará localmente la carpa blanca que se colocará frente a la Casa Rosada.
«Buscamos empatía y concientización del resto de la población«, dijo la profesional, quien agregó que otro de los reclamos tiene que ver con la «burocratización y demoras de las pensiones para personas con discapacidad».
Respecto de las soluciones que requiere el sector, Juri enfatizó que «las autoridades se pasan la bola» y que las respuestas no llegan ni desde la Agencia Nacional de Discapacidad ni de la Superintendencia de Servicios de Salud. «Nuestra situación es límite con profesionales que no cobran y personas que corren el riesgo de no recibir sus prestaciones», sintetizó la situación.
Finalmente, Sergio López, director general de Crecer, repasó que «hay una convención internacional de 2004 y está la ley nacional 24901, que estipula que el Estado debe garantizar sus derechos». Incluso destacó que sociamente «se ha avanzado en estos últimos 30 o 40 años», ya que «antes una persona con discapacidad no estaba incluida en la comunidad».
Subrayó, en este sentido, que si hoy hay mayor inclusión, en el campo educativo y en las áreas laborales, «es debido al trabajo que vienen haciendo las instituciones y al que realizan los prestadores individuales».
Sin embargo, planteó que en la actualidad se está retrocediendo porque «se vive una situación de emergencia que es insostenible» y que las instituciones terminan financiando a las obras sociales y al Apross, cubriendo sus atrasos para no dejar a los usuarios sin sus prestaciones.
«En las instituciones no sólo se brinda atención terapéutica técnica, sino que se cubren necesidades básicas como la alimentación, adecuadas a las necesidades que necesita cada persona. Todo esto lleva un costo. Estamos retrocediendo con lo que habíamos alcanzado», graficó enfático.
Y concluyó: «Queremos que el Apross y las obras sociales hagan una auditoría para ver el nivel de prestación que damos las instituciones de Alta Gracia. Porque después no encontramos respuestas. Hoy estamos al día, pero no sé qué va a pasar el año que viene. Lo prioritario es que el Estado garantice los derechos«.
