Vecinas y vecinos de Dique Chico vienen denunciando que durante este mes, en medio de la noche, se están produciendo fumigaciones con agroquímicos a escasos metros de las viviendas. Exigen la puesta en vigencia de la Resolución Comunal 242/2017, que impone una zona de resguardo ambiental a mil metros del radio urbano y la escuela Bernardo de Monteagudo de Bajo Chico, y denuncian connivencia corporativa de agentes del Estado provincial con los productores que fumigan.
«Desde 2016 comenzamos a organizarnos para resistir a las fumigaciones que suceden a la vera de nuestro pueblo«, repasa históricamente Diana Hernández, integrante del colectivo autoconvocado de vecinas y vecinos de Dique Chico, consultada por la Radio Tortuga 92.9.
Y avanza: «Tras un largo debate y organización de la comunidad, en 2017 se logró una resolución de la Comuna que establecía una zona de resguardo ambiental, tanto para el pueblo como para la escuela Bernardo de Monteagudo, ubicada a unos dos kilómetros del pueblo. Un mes después, un conjunto de productores presentó a la justicia un amparo para darle continuidad a las pulverizaciones. En ese momento, la Cámara 2º en lo Contencioso Administrativo dictaminó una medida cautelar a favor de los productores para permitir que siguieran fumigando. Desde ese momento venimos resistiendo también en el terreno judicial, problematizando lo que significa para nosotros y nosotras vivir con esta situación de manera cotidiana, en una postal que se repite año a año y nos pone en una situación de altísimo riesgo y muchísima violencia en contra de quienes vivimos en el pueblo y nos vemos forzados a sufrir cotidianamente pulverizaciones, alergias, afecciones respiratorias. Conocemos los efectos específicos de esas pulverizaciones y el vertido de veneno en cercanías de nuestras casas».
Recuerda Hernández que en 2018 y 2020 se generó, junto a un grupo de investigadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un estudio para indagar los impactos concretos de los agroquímicos en la salud de los pobladores, y en particular de las niñas y niños. «Encontramos niveles altísimos de daños genéticos, operando en las células micronucleadas del ADN de nuestros niños y además presencia de Glifosato y AMPA (ácido aminometilfosfónico) en orina«, detalló con preocupación.
«Desde ese momento estamos esperando que la Justicia ordene la restricción a las fumigaciones», sentenció Hernández. En 2019, en rigor, una orden avalada por el Ministerio Público Fiscal dispuso un resguardo de 500 metros para la escuela. «Se olvidan que los niños luego de la escuela vuelven a sus casas y quedan en total desprotección«, inquiere la vecina. «Estamos exigiendo que la justicia disponga el cese de las fumigaciones y dé por cerrada esta causa, que nos pone en extrema vulnerabilidad a toda la comunidad», exige.
Finalmente, advierte que productores no cumplen con la obligación de presentar recetas fitosanitarias y denuncia «complicidad absoluta de actores estatales como parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia y la policía, velando por los intereses del agronegocio en cada una de las pulverizaciones«. Y detalla: «Se hacen presentes acá para permitir que sucedan esas pulverizaciones al lado de las casas, de los juegos de los niños, de las camas elásticas, de las casitas de juego; nos resulta muy alarmante».
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