Por Javier Jorge, Leandro Rueda y otros (*). Este texto analiza críticamente el intento del Gobierno Nacional de fusionar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el Instituto Nacional de la Tecnología Agropecuaria (INTA) y anteriormente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); creando el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) son tres instituciones emblemáticas del sistema científico-tecnológico argentino. Creados en distintas etapas (INTA en 1956, INTI en 1957 y CONAE en 1991, sucediendo a organismos previos), cada uno tiene un rol fundamental y específico crucial para el desarrollo nacional:
-El INTA, dedicado a la investigación y extensión tecnológica para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad.
-El INTI, enfocado en acompañar el desarrollo de la industria nacional a través de la innovación, la asistencia técnica, la certificación de calidad y la metrología.
-La CONAE, responsable del diseño, ejecución y control del plan espacial nacional, desarrollando satélites y tecnología espacial con fines pacíficos y productivos (como la observación de la Tierra).
Contexto Internacional
Es relevante notar que la existencia de organismos estatales especializados y robustos en estas áreas no es una particularidad argentina, sino una práctica común en numerosos países que invierten estratégicamente en ciencia y tecnología. A modo de ejemplo:
–Agropecuario: Brasil cuenta con Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), un referente regional con aproximadamente 8.500 empleados. En Francia, INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), resultado de una fusión de institutos previos, emplea a cerca de 12.000 personas. El Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del USDA en Estados Unidos tiene alrededor de 8.000 empleados. NARO (National Agriculture and Food Research Organization de Japón con más de 2.500 empleados y una superficie agrícola más de 35 veces menor que la de Argentina.
–Industrial/Tecnológico: Estados Unidos opera el NIST (National Institute of Standards and Technology) con unos 3.400 empleados directos, vital para estándares y tecnología. Alemania, a través de la Fraunhofer-Gesellschaft, líder en investigación aplicada con fuertes lazos industriales, moviliza a más de 30.000 empleados en su red de institutos. Alemania también tiene el PTB, instituto dedicado a la metrología, con más de 2.000 empleados. En Japón el AIST — National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; cuenta con alrededor de 13.000 empleados.
–Espacial: Agencias como la CNES francesa (aprox. 2.400 empleados), la ISRO india (con cerca de 17.000 empleados) o la DLR alemana (unos 10.000 empleados para aeronáutica y espacio), y por supuesto la NASA estadounidense (con aproximadamente 18.000 empleados directos más contratistas), evidencian la magnitud de la apuesta estatal en el sector espacial a nivel global.
Estas cifras, comparadas con los aproximadamente 7.000 trabajadores/as del INTA, los 3.000 del INTI y los 300-500 de CONAE, ponen en perspectiva la escala y la importancia que otras naciones, tanto desarrolladas como emergentes, otorgan a instituciones dedicadas a funciones análogas.
La Propuesta de Fusión Gubernamental
Ahora, la propuesta del Gobierno de Javier Milei de fusionar estos tres pilares en un nuevo ente – el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE) – ha generado profunda preocupación. Si bien el discurso oficial habla de «optimizar recursos» y «generar sinergias», para muchos trabajadores y especialistas los diversos factores anunciados indican un plan de desmantelamiento.
–El anuncio y la reacción: anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, a la Mesa de Enlace agropecuaria y enmarcada en el Decreto 70/2025, la creación del INCyTDE buscaría integrar la investigación agropecuaria, industrial y espacial. La respuesta de los trabajadores fue inmediata: la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en representación del personal del INTI y de la CONAE, se declararon en estado de alerta, denunciando el riesgo de perder especificidad, capacidades y puestos de trabajo. La fusión afectaría directamente a una masa crítica de más de 10.000 trabajadores (combinando INTA, INTI y CONAE).
–Antecedentes que refuerzan la tesis del desmantelamiento: la preocupación se fundamenta en acciones previas que han debilitado a estas instituciones:
a) Retiros voluntarios costosos: tanto INTA como INTI han sufrido procesos de «retiros voluntarios». Lejos de ser una medida de ahorro, implican un gasto significativo para el Estado en costosas indemnizaciones. En INTI, se estima que estos retiros afectaron cerca de un 30% del personal. Desde las entidades gremiales señalan que el objetivo no era la eficiencia fiscal, sino descapitalizar las instituciones perdiendo personal calificado sin un plan de recomposición. En muchos casos las/os especialistas «retirados» contaban con destacadas trayectorias científicas y técnico-profesionales, representando un alto costo en el mediano y largo plazo en capacidades perdidas. Fue, en la práctica, financiar con fondos públicos el propio debilitamiento institucional.
b) Venta de activos: la subasta del histórico edificio del INTA en CABA por 18,5 millones de dólares es vista como liquidación del patrimonio y no como gestión eficiente, siendo a su vez un ejemplo de enajenación de bienes estatales en forma opaca y con beneficiarios cercanos a los intereses de los propios liquidadores.
c) Recorte presupuestario: la fusión se da en un contexto de fuerte ajuste en ciencia y tecnología (CyT), afectando al CONICET, a las universidades nacionales y a otros organismos del ecosistema tecnológico nacional (que incluso en algunos casos eran generadores de dólares por la exportación con alto valor agregado en desarrollo y conocimientos al mundo).
–Impacto proyectado en sectores estratégicos: la fusión amenaza con diluir décadas de especialización y la articulación con sectores clave de la economía nacional:
INTA: riesgo para la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario, afectando gravemente a la extensa red de estaciones y agencias de asistencia y transferencia tecnológica, las que forjaron a lo largo de décadas una integración virtuosa con las economías regionales del país (proveedoras tanto del mercado interno como exportadoras de reconocidos productos con valor agregado, siendo reemplazados por la creciente importación de alimentos manufacturados con la excusa del «menor precio en góndolas»).
INTI: riesgo para la asistencia tecnológica al sector PyME, las que representan aprox. el 98% del total de empresas del país y emplean aprox. al 65% de los asalariados registrados (hoy también en grave riesgo de sostenibilidad por el fuerte descenso del consumo interno, y la baja o eliminación de aranceles a la importación industrial, incluso de «maquinaria usada extranjera» para la reventa en nuestro país). Además, la apresurada «desregulación» ocasionará la pérdida de trazabilidad y control en los protocolos de calidad de insumos críticos en la industria automotriz, alimenticia, de la construcción, de la energía, e incluso en servicios a consumidores finales (metrología legal).
CONAE: riesgo para la continuidad de proyectos espaciales estratégicos fundamentales para sostener la soberanía tecnológica.
La «fusión forzada» sin lugar a dudas va a desdibujar misiones, dificultar el funcionamiento y la integración sectorial; y desaprovechar sinergias existentes y que podrían potenciarse por otras vías, como líneas de financiamiento para proyectos conjuntos entre los organismos de ciencia y técnica nacionales.
Análisis Crítico: Más Allá de la Eficiencia
La propuesta de fusión se interpreta como una manifestación de la visión del gobierno actual, que enuncia al Estado como un problema (aunque lo necesitan para reconfigurarlo de acuerdo a sus intereses económicos e ideológicos), y a la inversión pública en CyT como un simple «gasto» a recortar. Con el argumento de la «eficiencia» pretenden ocultar una estrategia de desmantelamiento de amplios sectores estatales. La aplicación indiscriminada de la «motosierra» sobre instituciones científicas representa un ataque al conocimiento y al desarrollo autónomo, algo que será económicamente contraproducente a mediano y largo plazo al destruir capacidades valiosas que nuestro país supo crear y recrear a lo largo de décadas de esfuerzo nacional.
Conclusión
La fusión es percibida por trabajadoras y trabajares, pymes, especialistas y científicos de todo el país como un paso más en el posible desmantelamiento de la capacidad científico-tecnológica del Estado argentino, más que una simple reorganización. Los antecedentes de retiros voluntarios costosos (como los que afectaron significativamente al INTI), la venta de patrimonio y el ajuste presupuestario general refuerzan esta visión crítica. La medida amenaza no solo miles de puestos de trabajo calificado, sino también la continuidad de líneas de investigación y desarrollo cruciales para la agroindustria, la industria nacional y la soberanía espacial, hipotecando el futuro productivo y científico de Argentina en nombre de un ajuste fiscal de corto plazo y una visión ideológica que subestima el rol estratégico del conocimiento y fomenta el endeudamiento del país.
(*) Algunos de los firmantes de este artículo participan de la columna “Ciencia Vecina”, que semanalmente se emite en el programa “Que No Se Te Escape” de la Radio Tortuga 92.9.
