Por Agencia Farco. La Organización Internacional del Trabajo confirmó que la provincia de Córdoba incumplió con el convenio 169 en la construcción de la obra de la Autovía de Punilla. Tras un anuncio realizado por la CTA en 2022, en las últimas horas, el organismo internacional emitió una recomendación contra la República Argentina y la necesidad de implementar medidas de protección para las comunidades indígenas tribales.
Así lo confirmaba la abogada Marcela Fernández, patrocinante de las asambleas ambientales en la pelea contra el corredor bioceánico: «No se respetó la norma de la consulta libre, previa e informada de las comunidades con relación a las obras de la autovía».
Además, indicó que la OIT exhorta a que se arbitren los medios para preservar, salvaguardar el patrimonio arqueológico; subrayó que «la participación en las audiencias públicas no implica ni equivale ni suplanta la consulta libre previa que prevé el Tratado Internacional».
Marcela Fernández también anunció que esta resolución será incorporada en el amparo ambiental que duerme el sueño de los justos en la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba Capital: «Como esto es un hecho muy relevante, lo hemos presentado como un material documental de relevancia institucional en la acción de amparo que oportunamente se había interpuesto y está en trámite actualmente».
Pronunciamiento relevante
Detalla un artículo de Juan Yacobs en el sitio de la CTA Autónoma Córdoba que este pronunciamiento de la OIT surge a partir de la reclamación presentada en 2022 por la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA), ATE Córdoba y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA), quienes denunciaron la ausencia de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas afectadas por el trazado de la obra, además de irregularidades vinculadas al impacto ambiental y la afectación del patrimonio cultural y arqueológico.
«Tras casi cuatro años de análisis, el Consejo de Administración de la OIT aprobó las conclusiones del Comité Tripartito encargado de evaluar la denuncia y determinó que, efectivamente, existían comunidades indígenas alcanzadas por el proyecto y que el Estado debía haber garantizado mecanismos de consulta adecuados antes de avanzar con decisiones administrativas de ejecución», destaca el citado artículo.
Asimismo, subrayó que no se acreditó que los estudios de impacto ambiental se hubieran realizado en cooperación con todas las comunidades involucradas, ni que se hubiera evaluado de forma integral la dimensión social, cultural, espiritual y ambiental del territorio afectado.
Y en materia patrimonial, destacó que la OIT también tomó nota de las medidas judiciales dictadas para proteger sitios arqueológicos y culturales, especialmente en relación con la Comunidad Las Tunas, y solicitó al Estado argentino continuar garantizando, en cooperación con las comunidades afectadas, la preservación de esos bienes y recursos.
Finalmente, alude también a la preocupación que plantea el informe por los hechos de represión, judicialización y criminalización de defensores ambientales y referentes sindicales ocurridos durante las protestas contra la obra.
Fuentes: Agencia Farco y CTA Autónoma Córdoba
Foto ilustrativa: gentileza Anred
