De manera conjunta, ATE Córdoba, el Colegio de Profesionales en Trabajo Social y el Colegio de Psicólogos denuncian la «crítica situación de precarización laboral y el inminente riesgo de cese de funciones» que atraviesan profesionales que sostienen el abordaje de las violencias de género en el Polo de la Mujer: «A una semana del 30 de junio, fecha en la que caducan las residencias de la segunda cohorte, la Secretaría de la Mujer, bajo la conducción de Claudia Martínez, persiste en el silencio».
En ese marco, plantean que «resulta inadmisible que, habiendo interpuesto un pedido de audiencia formal para abordar esta situación, aún no exista voluntad política para resolver la incertidumbre laboral de las profesionales de Trabajo Social, Psicología y Abogacía que sostienen el funcionamiento del Polo de la Mujer».
Asimismo, desde ATE Córdoba alertan que «este conflicto no es un hecho aislado» y que, por el contrario, «se da en un contexto de extrema gravedad tras el feminicidio de Agostina (Vega), que dejó al descubierto las falencias sistémicas de la Justicia y el Ministerio de Seguridad, así como la falta de financiamiento real para políticas de prevención».
En virtud de ello, subrayan que «resulta indignante y contradictorio que, mientras el movimiento de mujeres lucha por más presupuesto y el sostenimiento del Polo de la Mujer, el Estado responda con el destrato a quienes garantizan la atención diaria en la institución«.
Finalmente, apuntando que «fortalecer a las trabajadoras es la única forma de fortalecer las políticas de género» y advirtiendo que no permitirán el «vaciamiento del Polo de la Mujer», las trabajadoras tienen dos exigencias principales:
Continuidad Laboral Inmediata: Garantizar la estabilidad de las profesionales cuyos vínculos vencen el 30 de junio. Su desvinculación desmantela los equipos de acompañamiento y vulnera el derecho de las mujeres que asisten al dispositivo.
Apertura de una Mesa de Trabajo Formal: Exigimos una instancia de diálogo institucional con participación directa de las trabajadoras y las entidades gremiales y profesionales para resolver las condiciones de precariedad.
Fuente: ATE Córdoba
