El Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió un comunicado titulado «La fragilidad que nos humaniza», que afirma que la respuesta «sin demora» a la emergencia que viven las personas con discapacidad es importante porque «para las personas con discapacidad y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana». En ese marco instan a legisladores y funcionarios a comprender que la dilación administrativa para una persona con discapacidad no representa un tiempo neutro.
«La discapacidad no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias», apunta la Pastoral Social y confronta la retórica del Gobierno al plantear que «cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica«.
En este contexto, destacan desde la Pastoral Social que adquiere un significado particular la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y, especialmente, su decisión de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Buenos Aires. «No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico: el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad«, subraya el comunicado.
«Su presencia allí constituye, así, un reconocimiento del valor de estas personas, de sus historias y de su aporte a la comunidad. También como una invitación a revisar nuestra manera de mirar la fragilidad y a preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra sociedad quienes necesitan especialmente del cuidado y del acompañamiento de los demás», completa.
Plantea la Pastoral Social que la fragilidad no puede ser considerada únicamente como una carencia que debe ser compensada; sino que también puede convertirse en una «oportunidad para humanizar nuestros vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que necesitamos unos de otros«.
Acto seguido, en relación con la coyuntura repasa el comunicado que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se propone derogar normativas centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Advierten en ese sentido que «pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable«.
«Frente a la fragilidad, la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas. El presupuesto público debe erigirse como una herramienta para el desarrollo humano, nunca como un fin en sí mismo. Evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida», refuerza el texto.
