La Quintana: un conflicto por el cambio de uso del suelo enfrenta a desarrollistas con la Cooperativa San José

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Tras la aprobación de la Reserva Paravachasca, que estableció nuevas zonas de protección ambiental en la región, en José de La Quintana se desató un conflicto entre desarrollistas inmobiliarios locales y la Cooperativa Hidroeléctrica San José, que se niega a proveer servicios en sectores que por ley no tienen permitido el cambio de uso del suelo para avanzar con emprendimientos inmobiliarios. Esto suscitó una demanda civil por parte de tres privados, que devino en la incorporación de un veedor que en tres meses debe monitorear la documentación de la pionera institución. La situación, asimismo, repercute en la vida cotidiana de la comunidad, en un conflicto que genera rispideces entre vecinos y vecinas.

Desde la Cooperativa explican que la demanda surgió a raíz de cuestionamientos de tres vecinos, Susana Gabriela Falca, Mirta Erma Bernardini y Cristian Alejandro Giménez, representados por el abogado Nicolás Saieg; quienes habrían solicitado el apartamiento del Consejo de Administración de la Cooperativa y la designación de un administrador judicial.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 29° Nominación de Córdoba adoptó una medida cautelar y designó un veedor informante por tres meses, cuya tarea es observar, revisar documentación e informar al tribunal cada 15 días sobre novedades.

Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, Claudio Albarracín, vocal de la Cooperativa, dio cuenta de la compleja situación que atraviesa la señera institución que, entiende, quedó en medio de un conflicto que deberían zanjar los desarrollistas inmobiliarios con la Provincia, que dispuso la creación de la Reserva.

«La cooperativa atraviesa un proceso judicial en el cual la jueza ha dictado un veedor informante por un plazo de tres meses para verificar si las acusaciones que nos hace un grupo de vecinos propietarios de lotes son reales y tal cual las plantean. Es un proceso complicado y doloroso para la cooperativa como institución, pero es la coyuntura que hay que afrontar», expresó con cierta desazón Albarracín.

RADIO TORTUGA (RT): ¿Cuándo y cómo inició el conflicto?

CLAUDIO ALBARRACÍN (CA): Viene de hace casi dos años. En el pueblo hay un grupo de vecinos propietarios de lotes, que venían comerciándolos de forma lícita, pero a partir de 2023, cuando se dicta la ley de creación de la Reserva Paravachasca, esta zona queda dentro de una reserva natural y hay limitaciones al cambio de uso del suelo. Eso limita el desmonte y la creación de infraestructura por parte de la Cooperativa. Entonces, los vecinos que tienen esta venta de lotes encuentran en la Cooperativa un impedimento, porque como sujeto de derecho está obligada a cumplir las normas y no puede facilitar servicios donde la ley no se lo permite. Sin ser protagonista, la Cooperativa recibe los golpes, porque los verdaderos protagonistas son los desarrollistas que quieren comercializar los lotes y las leyes nacionales, provinciales y comunales que se lo impiden. El pueblo, desde noviembre de 2024, conforma la Comuna de San Isidro – La Quintana y no podemos desconocer la normativa que rige el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.

RT: ¿Lo que se le endilga a la Cooperativa es el negarse a prestarle servicios a estos lotes ubicados en zonas en los que no se puede avanzar con emprendimientos inmobiliarios?

CA: Exacto, pero no es la Cooperativa la que determina quiénes pueden o no tener servicios en la zona. Son las normativas que la Cooperativa debe cumplir. Si desarrolláramos infraestructura o prestáramos servicios en lugares donde no hay permiso de cambio de suelo, estaríamos infringiendo la ley. El Consejo de Administración es responsable de eso, frente a los socios y frente a la ley.

RT: Frente a esto, ¿la decisión judicial fue incorporarle un veedor a la cooperativa?

CA: Sí. Para nosotros es positivo que suceda esto porque va a poner blanco sobre negro cuál es la real situación y nos va a permitir aclarar en la justicia y de frente a la comunidad cuál es la responsabilidad de la Cooperativa en esto y la responsabilidad de quienes comercializan lotes. La jueza le otorgó un plazo de tres meses al veedor. Nos significa una sobrecarga administrativa, que lo entendemos como parte del hostigamiento que nos han venido haciendo a través de sus abogados para poner en relieve la escasez de recursos que tiene la Cooperativa. Nosotros tenemos dos empleados administrativos nada más; el resto lo hacen a pulmón los consejeros, cuyas tareas no son remuneradas, se hacen en sus tiempos libres y sin tener ninguna preparación específica para afrontar estas situaciones. Tener que responder a estas demandas judiciales nos significa una sobrecarga administrativa que nos está costando, pero creemos que va a ser para bien.

RT: ¿Qué rol viene cumpliendo la Comuna de San Isidro – La Quintana?

CA: Ha tomado cartas en el asunto, se ha hecho responsable de establecer frente a los vecinos cuáles son los límites legales a los que se deben enfrentar. Nosotros, como cooperativa, ante los pedidos de servicios en determinadas zonas del pueblo, viendo si se puede o no se puede intervenir, canalizamos nosotros los pedidos o los derivamos a la Comuna para que los asesoren en la gestión de cambio de uso de suelo en Ambiente y luego vuelven con nosotros. La Comuna tiene un papel preponderante en esto, porque es quien debe hacer cumplir la normativa.

RT: A partir de este cambio de uso de suelo, ¿se están dando excepciones a desarrollistas para que puedan construir?

CA: El pueblo se ha sectorizado a partir de un ordenamiento de la Comuna, en lugares que son no urbanizables, con preservación de bosque nativo; los lugares de transición; y los que son loteos ya consolidados en los que sí se permite. Los lugares no urbanizables no son sujeto de ningún tipo de excepción. Los que son de transición o urbanizables, con la autorización del Ministerio de Ambiente se puede conseguir la autorización para el cambio de uso de suelo. Y se les puede prestar servicio siempre y cuando la Cooperativa disponga de la infraestructura necesaria para prestarlo en esos lugares. De lo contrario, el emprendedor debería hacerse cargo de la infraestructura.

RT: ¿Cómo sigue el conflicto?

CA: El veedor tomó funciones el 29 de octubre, así que estará hasta enero. Y debe proporcionarle al juez informes quincenales. Paralelamente, tenemos plazos legales que cumplir frente a las demandas judiciales que se nos hicieron. Tenemos abogados abocados a eso. Estamos digitalizando documentación.

RT: ¿Cuál sería la salida definitiva para este conflicto?

CA: Es muy doloroso tener estos enfrentamientos. porque las personas con las que estamos enfrentados son los mismos vecinos con los que nos cruzamos todos los días en el almacén, en la esquina, en los lugares del pueblo. A la solución debería aportarla el Estado Provincial, porque es el que determina las normas que rigen esto. Nosotros somos un actor secundario, que queda en el medio de esta situación coyuntural. Para nosotros es muy doloroso y traumático para el pueblo porque hay una campaña de desprestigio contra la institución, a la que queremos preservar por sobre todas las cosas. Las personas pasan pero la institución debe preservarse, porque es señera en el pueblo. Cuando La Quintana no tenía un estamento que la rigiera, la única institución que había era la Cooperativa, que era el centro de muchas cosas en la vida de este pueblo.

«La Provincia debió haber arbitrado medios para que no se den estas circunstancias. La Comuna está en la misma situación que nosotros porque es una comuna muy joven, a la que se le ha multiplicado por diez el ejido urbano y no dan a basto con todo lo que esto implica. A partir de esta coyuntura judicial en la que se ve envuelta la Cooperativa, esperamos que algo cambie. No podemos regirnos por la ley de la selva como era antes«, concluyó Albarracín.

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