La organización Inquilinos Agrupados Córdoba se hizo presente el lunes 17 de abril en la Legislatura de la Provincia para conmemorar irónicamente el «no cumpleaños» del proyecto que presentaron en 2020 para regular el pago de honorarios a corredores inmobiliarios en los contratos de alquiler.
En diálogo con la Radio Tortuga 92.9, Angélica Jiménez, integrante de esta organización, sintetizó que el objetivo de esta propuesta es que el cargo no perjudique a los inquilinos. «Fue presentada en 2020 y no ha tenido ningún tipo de tratamiento», expresó.
«Planteamos que a la inmobiliaria la contrata el dueño o el grupo inversor», por lo que no debiera ser el inquilino quien pague las comisiones. «El inquilino busca una casa, no un corredor inmobiliario ni una inmobiliaria. No quiere entrar al mercado financiero, sino a una vivienda, que es un bien de primera necesidad», graficó.
En términos conceptuales, Jiménez apuntó que el problema actual no sólo está dado por el costo alto del alquiler. «En tanto la vivienda siga siendo vista desde el mercado financiero, los abusos son enormes», afirmó, asegurando que se trata de una situación de violencia a la que se ve expuesto el inquilino, al negársele el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Respecto a la situación actual en cuanto a los alquileres, indicó que «la oferta está retenida en esta cuestión especulativa y la demanda es alta«, que habitualmente es difícil encontrar alquileres disponibles y que «lo poco que están ofertando tiene muchas trabas y precios tan altos que la gente tiene que alquilar en pueblos periféricos o alejada de los trabajos, los colegios, los hospitales y los espacios culturales».
En este sentido, sentenció: «Para el mercado financiero, la vivienda es un techo con cuatro paredes; pero para una familia es un hogar donde poder crecer como ser humano«.
Finalmente, otro planteo que introdujo en la discusión es el de las casas vacías y ociosas, sumándose a las propuestas que se escuchan respecto de imponerles altos impuestos o incentivos o la obligación para que se alquilen, con responsabilidad social. «Es de una maldad enorme tener una casa vacía, mientras hay gente que está en la calle. El Estado debe tomar cartas en el asunto», concluyó.
