Entre este martes 26 de mayo y el viernes 30, la comunidad universitaria lleva adelante una semana de paro para denunciar la situación de asfixia que atraviesan las casas de altos estudios del país. «La solución está en el respeto a la Ley», expresaron días atrás el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), en relación a la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada y ratificada por el Congreso y el Gobierno Nacional se niega a aprobar. «La garantía salarial continúa congelada hace más de un año, por lo que muchos docentes no tienen ningún tipo de aumento», denuncian desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Conadu.
Recientemente, la gestión de Javier Milei decretó un incremento salarial del 1,5%, por debajo de la inflación de abril del 2,6% que reveló oficialmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En ese marco, plantea Conadu que «en mayo el salario debería aumentar un 56% para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023» y que la pérdida en los haberes «desde que asumió Milei equivale a 12,1 salarios«.
Conadu denuncia que el Gobierno Nacional lleva más de 200 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que subrayan que no sólo se ataca a la universidad pública, sino también a la democracia.
En ese contexto y con el respaldo social que se expresó en las calles durante la reciente cuarta Marcha Federal Universitaria, el plenario de secretarios y secretarias generales de Conadu, con la representación de 30 gremios de base de todo el país, se resolvió llevar adelante una semana de paro entre el 26 y el 30 de mayo con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales.
