Este miércoles 7 de octubre, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba se negó a dar quórum para el inicio de la sesión ordinaria de la Legislatura de la Provincia «ante la falta de una acción institucional concreta por parte de la Unión Cívica Radical» en relación al reclamo para que la radical Alejandra Ferrero solicite una licencia o dé un paso al costado para colaborar con la investigación judicial abierta sobre su asesor Omar Ludueña, quien fue denunciado por abuso sexual por una persona de su familia.
«Desde el inicio sostuvimos que la legisladora Alejandra Ferrero debía solicitar licencia o dar un paso al costado mientras avanzara la investigación. No como una condena anticipada, sino como un gesto de respeto hacia la víctima y de resguardo de la propia Legislatura.
En situaciones de esta naturaleza, lo primero debe ser cuidar a la persona que denunció y permitir que la investigación avance con todas las garantías», expresaron desde el bloque oficialista, subrayando que «nada de eso ocurrió».
La avanzada justicialista, que por segunda vez obliga a levantar la sesión ordinaria de la Legislatura, busca equiparar la situación de Ferrero y su asesor con la del exlegislador Ramón «Cañito» Flores, quien renunció a su banca en la Unicameral, luego de que fuera detenido su asesor José Villarreal, implicado en una causa por abuso sexual y grooming en Villa María de Río Seco.
Desde Hacemos Unidos por Córdoba afirman que «siguen existiendo interrogantes y puntos oscuros» respecto de las actuaciones de Alejandra Ferrero ante los hechos denunciados por la familiar de su asesor, quien formaba parte de la planta permanente del cuerpo legislativo provincial. «No alcanza con el silencio ni con intentar pasar de página», asegura el bloque oficialista.
Asimismo, subrayan que «la responsabilidad tampoco termina en Ferrero», ya que «Rodrigo de Loredo y la conducción de la Unión Cívica Radical conocen el caso y, hasta hoy, no impulsaron el apartamiento que la situación exige». En virtud de ello, califican la situación como de una «complicidad política profundamente preocupante».
Y frente a las críticas recibidas por parte de sectores opositores, aclararon que «no se trata de una discusión entre oficialismo y oposición», sino de «respeto hacia la víctima, de cuidar la institución y de entender que hay momentos en los que la política debe saber dar un paso al costado».
