La intendenta de Anisacate, Natalia Contini, envió al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la esencialidad de los servicios de luz y fibra óptica, ante lo que califica como «un claro atentado» de la empresa prestadora local en perjuicio del Estado. Desde la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos advierten que se trata de una nueva «avanzada política del municipio» para quedarse con la prestación de los servicios: «Ahora apunta a las redes, la infraestructura y hasta posibles expropiaciones». La iniciativa tendrá doble lectura en el Concejo Deliberante y una audiencia pública.
Cabe recordar que semanas atrás se llevó adelante una audiencia pública, convocada por el municipio, en la que se retomó el reclamo para que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) se haga cargo del servicio eléctrico en la localidad (que fuera planteado una década y media atrás). En medio de denuncias opositoras por presunta restricción de la palabra en la actividad, la Cooperativa ratificó que es el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) quien regula las tarifas y la Provincia quien dispone quién provee los servicios en las localidades; al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de que se impulse un proyecto que permita equiparar los valores en todo el territorio provincial.
Esencialidad de los servicios
A través de un video, en el que hizo público su proyecto de ordenanza, Contini aseguró esta semana que la Cooperativa le negó a la Municipalidad «la conexión en la bomba de agua para abastecer a barrio La Marianita» y «la conexión de luz y fibra óptica en las cámaras de seguridad que tienen lectores de patente y rostro»; y que «han puesto trabas para las obras de alumbrado público en nuestros ingresos y nuestras principales de circulación».
La intendenta asegura que dichas medidas constituyen «un claro atentado para impedir el avance de los anisacatenses para mejorar nuestra calidad de vida». En ese sentido, planteó que «cuando un prestador de servicio atenta contra el Estado Municipal, necesita ser regulado con normas claras».
Enumera un comunicado oficial que presuntamente desde la Cooperativa «realizaron cortes de energía (paga y al día) en la Municipalidad afectando la atención ciudadana»; «intentaron cortar internet alterando el funcionamiento de dispensarios y guardia urbana (poniendo en riesgo a la ciudadanía)»; «procuran actualmente cortar la energía de la bomba de agua de B° La Marianita para dejar a los vecinos de ese Barrio sin el agua necesaria»; y «nos niegan la habilitación de cámaras de seguridad (en calle Virgen Corazón de María esq. Argentino Luna y en Av. Los Naranjos esq. Rut. Prov. 5) para mayor seguridad de todos».
Interpreta Contini que hay «razones estrictamente políticas» detrás de lo que considera un boicot al funcionamiento municipal y que, en una enumeración, incluye también cortes de energía y el servicio de Internet en la Municipalidad. «Como si fuera poco, la Cooperativa no abona el uso del espacio aéreo (como lo tendría que hacer cualquier comerciante) avala conexiones precarias a favor de usurpadores y no reduce la tarifa de energía pudiendo hacerlo», asegura la Intendenta, que remarca que lo que denuncia ocurre «bajo el silencio complice del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos)».
«Nueva avanzada política»
Desde la Cooperativa, por su parte, alertaron que el proyecto de ordenanza presentado por Contini «busca abrir el camino para que EPEC asuma la prestación eléctrica, facilitar el ingreso de otros operadores de internet y avanzar sobre la infraestructura existente» y precisa que la iniciativa contempla auditorías, denuncias, fiscalizaciones y hasta estudios preparatorios para eventuales expropiaciones, bajo el argumento de garantizar los servicios esenciales.
Como continuidad de las audiencias públicas y planteos sobre el futuro del servicio eléctrico en Anisacate, la Cooperativa advierte que con el proyecto que ingresó al Concejo Deliberante se despliega una batería de herramientas para «intervenir sobre los servicios que actualmente brinda la Cooperativa, su infraestructura y su funcionamiento institucional».
En ese marco, lo califican como «una nueva y contundente avanzada política de la gestión municipal sobre una institución cooperativa que presta servicios esenciales en la región y cuya actividad de distribución eléctrica se encuentra bajo regulación provincial».
Al desmenuzar la iniciativa municipal, remarcan que en el artículo 16 se autoriza al Ejecutivo a impulsar municipalizaciones, privatizaciones, expropiaciones y otros modelos de gestión; y vuelve sobre la posibilidad de traspasar el servicio eléctrico a EPEC; mientras que en el 12 y el 13 «pretenden facilitar el acceso de nuevos operadores a infraestructura privada existente, estableciendo incluso que la negativa de los prestadores a colaborar podría considerarse una falta grave».
También mencionan que en el texto se promueven investigaciones sobre libros contables, documentación, actos de los órganos sociales y actividades de la Cooperativa; denuncias ante organismos de defensa del consumidor y de la competencia; y relevamientos patrimoniales, mensuras, inventarios y tasaciones destinados a preparar eventuales procesos de expropiación.
«El interrogante es inevitable: ¿se busca garantizar mejores servicios o avanzar sobre el esquema de prestación y los bienes de la Cooperativa? Porque una cosa es exigir calidad, transparencia y cumplimiento de las obligaciones, y otra muy distinta es utilizar una ordenanza municipal para impulsar medidas que pueden comprometer concesiones, inversiones, infraestructura y derechos de una entidad cooperativa», plantea con suspicacia la Cooperativa y remarca que «la autonomía municipal no otorga facultades ilimitadas» y que «la prestación de energía eléctrica está sujeta al marco regulatorio provincial y al control del Ersep».
