Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar que azotó al país y en cumplimiento de las prerrogativas de la CIA llevó adelante un inédito derrotero criminal que incluyó el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de miles de personas (e incluso el robo de bebés). El Valle de Paravachasca no estuvo ajeno al impacto del terrorismo de Estado. El ejercicio de memoria colectiva que se transita en la región viene permitiendo ordenar la información para dar cuenta de nombres propios, imágenes, historias de vida y trayectorias.
El fin último era la imposición sin resistencias de un modelo económico de vaciamiento del Estado y bicicleta financiera, en favor de los sectores concentrados. El obstáculo era, precisamente, una participación ciudadana activa en diversos ámbitos de la vida social: gremios, partidos políticos, iglesias, clubes, universidades, organizaciones revolucionarias.
El saldo fue de 30 mil personas desaparecidas y asesinadas, unas 500 nietas y nietos apropiados (muchos de los cuales aún desconocen su verdadera identidad) y una deuda externa que se incrementó en más de un 350%.
El 24 de marzo de 1976 fue depuesto el intendente de Alta Gracia, Luis Héctor Peralta, que había sido elegido por el voto popular y que, según cuentan las crónicas de la época, llevaba adelante un destacado mandato, con importantes logros para la ciudad. Peralta ya había sido obligado a dejar el Sillón de Lepri en 1955, en su primera intendencia, cuando asaltó el poder del Estado otra dictadura: la autoproclamada Revolución Libertadora (rebautizada por Rodolfo Walsh como «Revolución Fusiladora»).
Dos hermanos altagracienses, Carlos y Alicia D’Ambra, figuran entre la larga lista de desaparecidos del país. Él fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de la ciudad de Córdoba, junto a su novia Sara Waitman. Se sabía que había estado alojado en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio Campo La Ribera y La Perla. Días atrás, fue identificado entre los restos óseos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona conocida como «Loma del Torito».
Su hermana Alicia, en tanto, una de las presas políticas que se fugó de la cárcel del Buen Pastor en 1975, fue recapturada en Buenos Aires en 1976 y se sabe que estuvo alojada en «Automotores Orletti», en «Campo de Mayo» y en el «Pozo de Banfield». Continúa desaparecida y se sospecha que haya estado embarazada, por lo que también se busca a un eventual hijo suyo que podría haber nacido en cautiverio.
Los padres de Carlos y Alicia, Santiago «Charo» D’Ambra y Emilia «Emi» Villares de D’Ambra buscaron a sus hijos durante largas décadas y entre golpear y golpear puertas y nuclearse con otros padres, formaron parte de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas; y con el paso de los años se convirtieron en importantes referentes de la lucha por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. «Charo» falleció en 2007, cuando iniciaban los juicios por crímenes de lesa humanidad, tras la derogación de las leyes de impunidad («Punto Final», «Obediencia Debida» e indultos); mientras que «Emi» llegó a participar de la histórica sentencia de la Megacausa La Perla el 25 de agosto de 2016 y falleció seis meses después.
Del domicilio que compartía con su madre en Avenida del Libertador al 1700, a pocas cuadras del Crucero, fue secuestrado en abril de 1976 Hugo Pavón, un joven artesano que había estudiado en el Obraje y solía vender sus producciones en la puerta del Cine Monumental. Al igual que los hermanos D’Ambra, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP). Fue detenido ilegalmente y estuvo alojado en la comisaría de Alta Gracia y en el Departamento de Informaciones de la Policía (ex D2) y aún continúa desaparecido.
Luis Agustín Carnevale nació en 1911 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y se mudó con su familiar a Alta Gracia. Peronista y apasionado de la educación y la industria, fue promotor de la creación de la escuela de perforistas, que con los años se convertiría en la Escuela de Minería de José de La Quintana. Fue delegado personal de Juan Domingo Perón y electo senador nacional por Córdoba. En 1976 fue secuestrado de su casa de Capital Federal y asesinado al día siguiente. Siete años después, su familia pudo recuperar su cuerpo. Desde hace dos años, la Escuela de Minería tiene su nombre.
La «Negra» Elba Rosa Navarro Iriarte nació en 1944 en Alta Gracia y egresó como maestra normal de la escuela Garzón Agulla de la capital provincial y en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se recibió de psicóloga. Trabajaba con personas con discapacidad en el Instituto Diferencial Provincial «Hipólito Irigoyen», era delegada de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) cuando fue secuestrada en la vía pública el 16 de agosto de 1976. La recuerdan sus compañeras como una «mujer íntegra, firme en sus convicciones, muy trabajadora». Estaba embarazada al momento del secuestro. Aún continúa desaparecida.
De la mano del indispensable testimonio de sobrevivientes y familiares, y el interés inquieto de las nuevas generaciones, la insistente memoria que se practica año tras año en la región, con actividades que se articulan en cada localidad, permite seguir ordenando esta trama histórica en la que van apareciendo nombres propios e historias que por décadas estuvieron silenciadas.
Así se conoció la historia, de Lucio Bernardo Altamirano, que nació el 3 de febrero de 1953 en Alta Gracia y con 19 años fue secuestrado el 1 de abril de 1972, durante la dictadura de Lanusse, por un patrullero en la vía pública en Mataderos, Buenos Aires, en presencia de un verdulero que informó sobre su secuestro. Lucio también continúa desaparecido.
Y desaparecidos continúan también Carlos «Carlitos» Castagna y Viviana «La Peco» Real Meiners (y un hijo de ambos que debió nacer en cautiverio), militantes del PRT – ERP que fueron secuestrados en Unquillo en 1976 y que meses antes habían estado refugiados en Alta Gracia en casa de la familia Barreiro.
Paralelamente, dentro del enjambre de organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región que abordan la memoria como temática central de sus actividades se encuentra el «Refugio Libertad», una iniciativa que asocia a los Derechos Humanos con la cultura, el cuidado del ambiente, la educación popular y la economía social en un proyecto comunitario que se desarrolla en el predio del ex Grupo de Artillería 141 de José de La Quintana (ubicado a la vera de la ruta E-56, entre San Isidro y Los Molinos), que fuera utilizado en la última dictadura como centro clandestino de detención y torturas y en el que incluso se sospecha que pudo haber habido fusilamientos y enterramientos clandestinos.
Frente a un plan sistemático de aniquilamiento de una sociedad activa e interesada por las transformaciones políticas, en pos de la imposición por la fuerza de un modelo económico de exclusión; 50 años después la paciencia sostenida de un trabajo militante diverso y amplio viene rearmando el rompecabezas con las piezas que va pudiendo recuperar. Y en esa tarea se repara el presente y se cuece el futuro.
Foto principal: Quimey Bareiro
