La Asamblea Paravachasca emitió un comunicado en el que considera que la «Autovía Variante Ruta 5» es un proyecto que «amenaza al ambiente y a las comunidades que habitamos» y que «no es prioridad». Asimismo, postula que «el estudio de impacto ambiental no puede ser sólo un trámite» y que en este tema se requiere «participación ciudadana real» y que hay «otras alternativas a explorar» que no se están teniendo en cuenta para dar respuesta a las necesidades de conectividad de la región.
La Asamblea Paravachasca nuclea a vecinas, vecinos y organizaciones de la región, comprometidas con la defensa del ambiente, y forma parte de la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos, que está conformada por asambleas regionales de la Provincia de Córdoba.
A continuación, se reproduce completo el citado comunicado:
Valle de Paravachasca, 10 de marzo de 2021
“Variante Ruta 5. La autovía no es prioridad”
El 15 de diciembre de 2020 el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley 31991/e/20 en el que solicita la expropiación de “los bienes necesarios para la ejecución de las obras: “Variante Ruta Provincial N° 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la Localidad de Villa Los Aromos (km. 45,2)”.
Con el argumento de descomprimir la congestión de tránsito que se genera en verano y el último día de fines de semana largos en el tramo Villa Ciudad de América a Anisacate, el Gobierno Provincial propone una nueva ruta, llamada VARIANTE RUTA 5 que pasaría por detrás de Dique Chico, en zona de campos, cruzaría el río Anisacate en un nuevo puente, luego por detrás de Los Talas y llegaría a Villa Ciudad América.
Inicialmente el trazado incluía atravesar la Reserva Natural de la Rancherita. Ésta, que apareció como primera opción, realmente era tan obscena por el nivel de daño socioambiental que implicaba, que resulta difícil creer que era realmente una “alternativa”. Luego, aún sin pasar por la Legislatura Provincial, apareció en los medios de comunicación un trazado que implicaría una conexión que bajaría desde la variante a la altura de Los Aromos hasta la localidad de La Serranita (entre la primera y segunda entrada).
Si bien a la fecha no contamos con la información suficiente porque aún no disponemos del Aviso de Proyecto, según trascendidos en la prensa y a través de autoridades comunales, el camino propuesto está diseñado para pasar por zonas que aún conservan bosque nativo de las Categorías I y II (roja y amarilla), algunas de las cuales fueron incendiadas durante los meses de agosto-septiembre de 2020. Por lo tanto, deberían protegerse. En su artículo 30, la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Córdoba, establece que “en todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente Ley”.
La coincidencia de la ruta demarcada con la ocurrencia de los incendios forestales alimenta las conjeturas respecto a la intencionalidad del estado provincial. La mayoría de las zonas afectadas por incendios terminan en un cambio de uso del suelo, siguiendo una tendencia progresiva que avanza desde la apertura de caminos y la planificación de redes viales provinciales, aunque esto vaya en contra de la ley. A su vez, el mismo gobernador de Córdoba ha anunciado públicamente un Plan de Restauración para las zonas incendiadas y que en el caso de Los Aromos, por donde se conectará la autovía con la actual rotonda de la Ruta Provincial N° 5, es uno de los sectores que estaba contemplado para dicha restauración.
Un proyecto que amenaza al ambiente y a las comunidades que lo habitamos
El punto central en el cual gira la discusión sobre la realización de este proyecto, refiere al impacto socio ambiental en las zonas circundantes sobre las que se pretende realizar el trazado de esta enorme obra vial. Como habitantes del Valle de Paravachasca, nos preocupa las consecuencias que irremediablemente puede generar la concreción de proyectos de esta
envergadura, específicamente todo lo relacionado al crecimiento desordenado del desarrollismo inmobiliario que en los últimos años parece llevarse adelante sin ningún tipo de control y en clara complicidad con quienes deben velar por el cuidado y conservación de las zonas de protección, es decir, en zonas de categoría rojas y amarillas de alto y mediano valor de conservación.
¿Cuál es la lógica de ocupación de los territorios en el Valle de Paravachasca? ¿Esa lógica de ocupación de los territorios guarda coherencia con los Planes
Estratégicos Territoriales 2017 elaborados por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación propuestos para los municipios y comunas del Valle?
No es difícil imaginar que en poco tiempo la población aumentará. A través del sistema vial y su planificación en la Provincia de Córdoba (que siempre se basa en conectar la provincia con la capital, alimentando el llamado “centralismo cordobés”), es posible inferir las tendencias que favorecen al avance y ocupación de determinados usos del suelo sobre las zonas serranas,
que sin duda afectarán a los ambientes naturales de gran valor de conservación, vulnerando el bienestar de las poblaciones actuales y potenciales.
La velocidad de los traslados propicia la extensión de las ciudades e influye fuertemente en la expansión de los centros urbanos regionales. Los impactos socioambientales, culturales y económicos de las variantes a las rutas principales resultan significativos fundamentalmente en las localidades que se conectan a los grandes centros urbanos. Por lo que es fácil inferir que el
traslado de las problemáticas urbanas avanza hacia las zonas serranas sobre la traza de la ruta planificada.
Lamentablemente, a pesar de la existencia de estudios que documentan la relevancia que tienen los ecosistemas nativos en la provincia de Córdoba, hoy se encuentran nuevamente amenazados. La construcción de autovías y el consecuente aumento de las zonas urbanas en el paisaje circundante a las mismas, presentan consecuencias importantes que se extienden más allá del lugar que ocupan las obras. La eliminación de los ecosistemas nativos o su
transición hacia ecosistemas menos complejos, es un proceso que trae como consecuencia efectos notorios en diferentes procesos ecosistémicos así como en los bienes y servicios asociados a ellos, que son fundamentales para la vida humana. Se han documentado efectos sobre los cursos de agua (cantidad y calidad), la vegetación, la invasión de especies exóticas, las poblaciones de animales y la frecuencia de incendios.
Cabe aclarar que el anticipo de que habrá “forestación compensatoria” es absolutamente insuficiente porque la biodiversidad que se destruye en un bosque nativo de categoría roja no puede ser reemplazada por una plantación de árboles nativos.
¿Qué va a pasar con los campos que se encuentran alrededor de la nueva ruta? ¿De dónde va a salir el agua y servicios para esos lotes? ¿Dónde van a ir a parar sus aguas negras y grises?
¿Cómo se va a abordar la cuestión de la basura, siendo que ya casi está colapsado el predio de enterramiento para estas comunas? ¿Cómo va a afectar a los comercios de la actual ruta que viven del tránsito? ¿Qué propuestas hay para el transporte público entre los pueblos de la zona?
Es previsible que las problemáticas aún no resueltas en la zona se vean incrementadas a partir de la concreción de una obra como la proyectada. El deterioro de la cuenca del Río Anisacate por el desmonte, la invasión de especies exóticas y el nulo tratamiento de aguas negras y grises. El acceso al agua potable aún está pendiente para muchos/as vecinas/os del Valle. La
falta de planificación en cuanto al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos crece en impacto con el aumento de la población. El sistema de transporte público es insuficiente y con una vía alternativa deberá atender a más usuarios y se dividiría perjudicando a las/os vecinas/os de los poblados sin acceso directo a la autovía.
Tenemos al menos un ejemplo concreto para analizar que nos permite hacernos una idea del sentido que tiene la realización de un proyecto de estas características y sus posibles consecuencias. Es el caso de Sierras Chicas que siguió un curso similar al propuesto para nuestro Valle. El incremento de obras viales no hizo más que aumentar la mancha urbana y, en poco tiempo, se vieron incrementados los problemas ambientales como la falta de agua
potable, las inundaciones, etc. Más aún, el crecimiento demográfico sumó vehículos a las rutas nuevas y preexistentes, lo que en poco tiempo demandó abordar nuevamente la problemática de congestión de tránsito. De esta manera, se reincide en la supuesta “necesidad” de seguir avanzando en infraestructura vial, fragmentando, vulnerando y transformando la configuración de las comunidades alcanzadas.
La fragmentación de las comunidades no sólo se visualiza a nivel general, sino que de manera individual. En el proceso de las expropiaciones, según el régimen de expropiaciones de la provincia de córdoba (Ley 6394 modificada por Ley 10210), se habilita que ciertos terrenos se expropien en parte, incluso si lo que le queda al propietario no es habitable. Esto ha sucedido en el proceso de expropiación para la reciente infraestructura vial de Punilla. Cuando se declara en la legislatura que una obra es de utilidad pública, el poder ejecutivo define las propiedades que serán alcanzadas. De aquí surge una lista de quienes podrían ser afectados, sin embargo los vecinos de esa lista raramente se enteran hasta que tienen la máquina en su patio. Es así que también según lo vivido en Punilla, algunos vecinos han quedado pegados al
paredón de la bajada a la autovía, para el caso del puente de San Roque.
El estudio de impacto ambiental no puede ser sólo un trámite
Teniendo en cuenta la dimensión, tipo de proyecto y las zonas consideradas para la realización del mismo creemos necesario contemplar ciertos aspectos socio ambientales a considerarse en la matriz de evaluación de impacto y en el estudio en sí; ya que muchos de los impactos son a largo plazo e irreversibles. Para ello nos basamos en lo solicitado por la Ley de Ambiente de la Provincia 7.343 y la Ley de Política Ambiental 10.208 anexo I en las cuales se detalla los factores a tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación de impacto socio ambiental.
Solicitamos:
Identificar, evaluar y mitigar las causas y principales problemáticas priorizadas para la ejecución de la obra en consideración bajo categoría de autovía, así como también la evaluación comparativa de las alternativas estudiadas para tal fin.
● Considerar los siguientes factores:
- La identificación, caracterización y evaluación de los efectos previsibles (positivos y negativos), directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo considerando todas las etapas del ciclo del proyecto.
- Evaluación de los cursos de agua que serán afectados por la obra.
- Planimetría catastral de la traza. Nómina de propietarios, de superficies y mejoras a afectar.
- Cómputo métrico de los ítems del proyecto, presupuesto total y plazo de obra.
- Particular atención deberá ser dada a la identificación y localización en mapas de escala adecuada (1:10000 o aproximada), de: I. los sitios de extracción de materiales de préstamo; II. Lugares de disposición de los materiales excedentes y los desechos de construcción; III. Obradores, campamentos, plantas de tratamiento de áridos y de elaboración de asfalto; IV. eventuales caminos de accesos necesarios para la ejecución de la obra; V. puntos de explotación de fuentes de provisión de agua para la obra; VI. sitios con patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico, etc.
- En caso que la definición de alguno de estos elementos quede a cargo del contratista para la Obra, deberán presentarse como parte del proyecto definitivo la planimetría general en la que se identifiquen los sitios en los cuales NO podrán ubicarse dichas actividades o instalaciones, tales como áreas urbanas, yacimientos de interés históricos-culturales, ambientes naturales sensibles, reservas naturales, sitios arqueológicos, etc.
- El impacto y grado de afectación de la autovía sobre la calidad de vida de los habitantes del Valle de Paravachasca, la posible distribución espacial y el crecimiento de la trama urbana.
- Pasivos ambientales que dejaría el proyecto en la etapa de obra y funcionamiento.
- Modificaciones en la calidad del paisaje y visibilidad.
- Determinación, Identificación y justificación del área de influencia directa teniendo en cuenta la instalación de obradores, baños, plantas de asfalto y hormigón, campamentos y depósitos de materiales en la etapa de obra y la superficie que ocupará la autovía en sí.
- Ponderación del riesgo de incendios forestales y zona de protección de bosque nativo como variables importantes para la tabla comparativa de las trazas.
- Conservación de bosques, montañas y diversidad biogeográfica.
- Considerar el efecto erosivo del desmonte y la impermeabilización del suelo.
- Llevar a cabo el proceso de difusión y consulta a los habitantes de cada municipio y comunas para el desarrollo del proyecto licitatorio.
- Documentos y/o informes que demuestran que realizaron consultas/reuniones con los/las vecinos/as y organizaciones sociales, para obtener información relevante que aporte al diagnóstico socioeconómico parte del Estudio de Impacto Ambiental.
- Memoria técnica descriptiva de la obra.
- Estudio de escorrentía y obras hidráulicas.
- Plan de gestión ambiental con su respectivo plan de monitoreo y mitigación ambiental durante la etapa de obra y funcionamiento.
- Articulación con los municipios y comunas locales del Valle de Paravachasca en un Plan de ordenamiento y uso del suelo.
● Acceder a los estudios de Líneas de Base que contemplen los siguientes factores:
- Suelo (infiltración y morfología)
2. Aire (emisión de gases y sólidos suspendidos)
3. Agua (subsuperficial y superficial)
4. Vegetación (cantidad y tipo de flora presente a nivel micro y macro). Contemplar las categorías detalladas por el OTBN.
5. Fauna (relevamiento de fauna autóctona y especies presionadas)
6. Áreas naturales protegidas
Participación ciudadana real
Queremos poder expresar nuestra preocupación y que nuestras voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que tendrán un gran impacto en el ambiente inmediato en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana.
Apelamos al cumplimiento de la Ley Nacional General de Ambiente 25.675 que plantea entre sus objetivos fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión (Art.2, inc. c).
Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, institucionalizando procedimientos de consultas o audiencias públicas para las actividades que generen impacto ambiental (Art. 19, 20).
En el mismo sentido la Ley Nacional 25. 831 de Presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, establece en su artículo 3, que “el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica (…)” entendiendo como información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, en particular: (a) el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente (Art. 2).
En concordancia con los artículos mencionadas anteriormente, La Ley Provincial 10.208 de política ambiental, promueve “la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que
afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental” ( Art. 3, inc.d).
Muchas veces nos proponen pensar que es imposible intervenir en situaciones donde los intereses que están de por medio son tan grandes. Cuando nos invitan a “participar” de alguna instancia, sentimos que los límites de lo posible ya vienen impuestos desde los grupos de poder. Pero hemos aprendido de las experiencias de vecinos y vecinas que han logrado hacerse escuchar organizándose, uniendo sus fuerzas para intervenir en situaciones que, como ésta, constituían amenazas para el ambiente y se presentaban como inexorables. Por citar alguno, hace unos años en la localidad cordobesa Malvinas Argentinas, contra todo pronóstico, se impidió la instalación de un predio de la multinacional Monsanto. Otro ejemplo es el de la localidad vecina Santa Ana, donde la comunidad lleva frenando hace tiempo el proyecto de instalación del predio de enterramiento de basura de CORMECOR al grito de “mi pueblo no es tu basurero”. A lo largo y ancho del país se repiten ejemplos como estos, sólo que a veces no nos enteramos. La confianza tiene que estar puesta en nosotras/os mismas/os.
Hay otras alternativas a explorar
¿Cuáles son las alternativas que se evaluaron antes de llegar a determinar que ésta es la más conveniente? ¿No deberíamos conocer los terrenos que se expropiarían y las condiciones de las mismas?
Antes de cualquier sugerencia no vinculante al respecto, se debería presentar por parte de Caminos de las Sierras, las alternativas estudiadas por los proyectistas de la presente traza, que fueron descartadas para finalmente definir la presente.
Ahora, si lo que se busca es realmente disminuir la congestión de tránsito, se pueden explorar posibles soluciones antes de embarcarse en tamaña obra vial. Para ello, de seguro deberá recurrirse al ordenamiento territorial que se construya participativamente en cada localidad del valle. De lo contrario, la desorganización resultante sólo es funcional a los intereses de los desarrollistas.
¿Y si se ensancha la ruta 5 al menos en los tramos donde sea posible?
¿Y si se equipan los hospitales zonales (Santa Rosa y Alta Gracia ) para que, ante una eventual emergencia, una ambulancia deba recorrer menos kilómetros?
¿Si se incorporan trabajadoras /es que organicen el tránsito y faciliten su fluidez?
¿Y se mejora la frecuencia del transporte público para que sea más conveniente moverse de este modo?
¿Y si crean o mejoran las condiciones de caminos que comunican las comunas del valle para descongestionar la ruta 5?
¿Si se exploran alternativas de conexión con la autovía 36 que ya está hecha?
La autovía no es prioridad: hay otras obras más urgentes
Aún no se ha publicado el presupuesto de una obra de semejante tamaño, pero es esperable que oscile los 150 millones de dólares (teniendo en cuenta los costos de las obras que se están llevando adelante en Punilla). Si se hicieran obras que tiendan a solucionar el problema de tránsito gastando menos, el dinero se podría utilizar para:
–Construcción/equipamiento de hospitales en la zona para que se reduzcan la cantidad de traslados de enfermos a Córdoba.
-Obras en piletones sanitarios de Alta Gracia y otras obras que garanticen el tratamiento de aguas negras y grises.
-Construcción de cisternas para dar agua a los barrios de Anisacate que aún no la tienen.
-Realizar las obras necesarias para que todas/os las/os vecinas/os del Valle tengan acceso al agua potable.
-Acondicionamiento de caminos por dentro a los pueblos, como la calle Los Naranjos en Anisacate, que une ambas rutas.
-Puentes peatonales en el cruce con ruta 5 y la ruta a la Quintana, y en los demás lugares en los que se considere necesario..
-Construcción de aulas para las escuelas de la zona, que quedaron todas chicas
-Aumento de la frecuencia del sistema público de transporte. Incluso se podría incorporar algún sistema de trafic que hagan recorridos pequeños entre pueblos.
-Implementar un sistema de separación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) para disminuir la cantidad de basura que se entierra.
¿Cuántas acciones son prioritarias en nuestro valle antes que la construcción de una ruta nueva?
¿No deberíamos conocer el plan de ordenamiento territorial de cada comuna para poder relevar y anticipar problemáticas socioambientales en un futuro cercano?
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