Por Agencia Farco. Este miércoles 10 de junio, en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación se trató el proyecto denominado «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses», que pretende crear un registro de personas habilitadas hacer gestiones o «lobby» ante funcionarios públicos, pero trata por igual a grandes corporaciones económicas y a organizaciones sociales o defensoras de derechos.
El proyecto es presentado por el Ejecutivo como una «iniciativa destinada a transparentar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos, estableciendo mecanismos de registro, publicidad y trazabilidad sobre las actividades de incidencia en los procesos de toma de decisiones estatales».
Sin embargo, en el citado plenario en Diputados, la mayoría de los expositores invitados expresaron fuertes cuestionamientos.
Unas 200 organizaciones se manifestaron contra el proyecto, afirmando que «es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades» y que «amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país».
A través de un comunicado, sostuvieron que el proyecto de Ley «incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad».
En ese sentido, cabe destacar que según la normativa vigente las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia: rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos.
Por lo tanto, asegura finalmente el comunicado que «lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales».
