Por Agencia Farco. El programa «Volver al Trabajo» llegará a su fin en agosto de 2026 luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos. El gobierno Nacional asegura que lo reemplazará por un sistema de vouchers para capacitación laboral.
El fallo fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández y dejará sin la prestación mensual a más de 900.000 beneficiarios de todo el país, que recibían 78 mil pesos mensuales
Dicho monto está congelado desde diciembre de 2023, pese a que la inflación acumulada desde ese momento es del 312,19%. Si se hubiera actualizado regularmente a la par de la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), el monto que se abona a cada beneficiario debería ser $321.506,84.
En declaraciones a Informativo Farco, la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales, dijo que la decisión es un nuevo golpe contra 930 mil trabajadores y trabajadoras informales: «Una vez más, la justicia termina convalidando el ajuste del gobierno sobre quienes todos los días sostenemos el trabajo comunitario y la vida en nuestro barrio».
Y agregó: «Lo más grave es que el propio tribunal reconoce la legitimidad de nuestros reclamos, pero al mismo tiempo deja sin protección a miles de familias que necesitan ese ingreso para comer».
La resolución judicial sólo levantó la medida cautelar que permitió que las personas pudieran seguir cobrando durante cuatro meses, pero no definió la cuestión de fondo, que queda por resolver por el juzgado de primera instancia.
Además, Morales aseguró que esta decisión perjudica especialmente a las mujeres: «Somos mayoría en la economía popular y somos quienes sostenemos las tareas del cuidado en los centros comunitarios, en los comedores, en el acompañamiento a las infancias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Atacar el salario social complementario es también atacar la economía de los cuidados y de la organización comunitaria».
Por último, Morales afirmó: «No estamos frente a una discusión técnica, estamos frente a una decisión con profundas consecuencias políticas y sociales».
