El martes 8 de octubre, se convoca a una marcha en la ciudad de Córdoba para declarar la «Emergencia Ambiental» en la Provincia y denunciar la responsabilidad del gobierno de De La Sota, «como actor de una política deliberada de favorecimiento a los negocios capitalistas del agro, la especulación inmobiliaria, Monsanto y CorMeCor, lo que implica el saqueo de nuestros recursos naturales en desmedro de las condiciones de la vida».
La marcha partirá a las 18 hora desde la mítica esquina de Colón y cañada en la ciudad de Córdoba (el punto neurálgico de reunión de las manifestaciones por los Derechos Humanos) y se dirigirá hasta la Casa de Gobierno.
La convocatoria, que no está relacionada directamente con ningún sector político partidario concreto, se está propagando por las redes sociales desde una Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra y denuncia que el gobierno provincial toma decisiones en desmedro de las condiciones de vida de la comunidad, de la mano de empresarios y con el aval de los municipios. «Es necesario unificar todos nuestros reclamos en una gran movilización en defensa de los recursos naturales y el ambiente», dice la convocatoria.
RECLAMOS
A continuación, los seis puntos que se cuestionan de la política ambiental del gobierno provincial:
«1) Denunciamos la responsabilidad del gobierno provincial y a las autoridades municipales por las 60.000 hectáreas recientemente arrasadas por el fuego. Exigimos un verdadero plan integral de reparación de las zonas afectadas, incluso limpieza de las cuencas de los ríos para retirar animales muertos y residuos que agravarán la contaminación de ríos y arroyos y perjudicarán a un gran sector de la provincia de Córdoba. Exigimos que se decrete inhabilitación para realizar emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos en las zonas afectadas por los incendios. Exigimos un verdadero plan de prevención de incendios. No al impuesto al fuego que paga la población y no los empresarios.
2) Derogación de la Ley Provincial de Bosques 9.814 y la aprobación del proyecto presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). Así como la adecuación en todo el territorio provincial a la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
3) Freno al negocio inmobiliario y de la soja que avanzan sobre cuencas, bosques y ZONAS ROJAS. Ley 23.331: Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas, y pueden ser objeto de investigación científica.
4) Frente a la crisis hídrica: Fin al acaparamiento privado de los especuladores inmobiliarios y sojeros del suelo. Suspensión a factibilidad de cualquier nuevo loteo. Restitución del caudal ambiental de los ríos. No al trasvasamiento de las cuencas. Plan de obras que garanticen el acceso al agua a toda la población. Impuestos progresivos al capital inmobiliario y sojero destinado a solucionar integralmente la crisis hídrica.
5) Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina y América Latina. No a la contaminación del acuífero subtarráneo Puelches. No al negocio del biodiesel, el monopolio de la semilla y la renta agraria provincial.
6) No a CorMeCor. No a la instalación de sus plantas en Bouwer, Juárez Celman y Río Ceballos. Denunciamos a esta S.A. con participación del Municipio Córdoba como un negocio que hipoteca la salud de la población y el ambiente, no representa una solución al problema de fondo, en cuanto a tratamiento de la basura y elimina el derecho a la decisión popular soberana sobre la disposición de los residuos en los pueblos cuyas municipalidades han suscripto el acta. Basta de zonas de sacrificio ambiental».
