En una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, realizada el miércoles 4 de noviembre, obtuvo dictamen de mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que llega con media sanción de Diputados. De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para ser debatida y eventualmente aprobada por el pleno de la Cámara Alta.
En el encuentro, encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista), también se presentaron otros dos dictámenes.
Al referirse a la agenda prevista, y luego de repasar las iniciativas puestas a consideración, Monteverde cedió la palabra a la senadora Kirchner, quien agradeció la presencia de los integrantes de ambas comisiones y destacó que se encontraban prácticamente a pleno, lo que, según señaló, «denota la importancia y el interés del tema que estamos tratando». A continuación, repasó los principales puntos de la iniciativa venida en revisión y recordó que: «El próximo 31 de diciembre vence la normativa vigente, por lo que me parece que es fundamental avanzar con su sanción a fin de garantizar a las personas con discapacidad la mayor cobertura posible«.
El primer proyecto abordado fue la iniciativa en revisión denominada «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad«, que propone establecer un régimen permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad.
La propuesta mantiene las principales garantías de la Ley 27.793 (de Emergencia en Discapacidad -que fue aprobada y ratificada por el Congreso y cuyo cumplimiento fue resistido por el gobierno de Javier Milei o aplicado parcialmente) e incorpora un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores.
Además, establece la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal, bajo determinados límites de ingresos, garantiza la continuidad de Incluir Salud y fija un piso de financiamiento en términos reales. También contempla la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de políticas públicas y garantías para las personas cuyos beneficios puedan ser suspendidos, incluido un plazo de 60 días para presentar sus descargos.
Las otras dos iniciativas fueron presentadas por senadores del bloque Justicialista: la de Anabel Fernández Sagasti, que propone prorrogar la vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y la de Carlos Linares, que plantea extenderla en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive. Posteriormente, Linares señaló que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados representa «lo más cercano que tenemos ahora», aunque aclaró que «no es lo ideal«, ya que todavía queda mucho por escuchar y trabajar. En ese sentido, explicó que decidió retirar su propia iniciativa «para despejar las incertidumbres que tienen todos los colectivos de discapacidad».
A su turno, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) se refirió a la iniciativa en revisión y destacó que se trata de «un proyecto que busca brindar una solución definitiva, dejando atrás la emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias». Según sostuvo, el proyecto apunta a generar previsibilidad y tranquilidad respecto de la continuidad de los tratamientos, así como a ofrecer perspectivas de futuro. Asimismo, señaló que superar la emergencia constituye una responsabilidad del Congreso y del trabajo parlamentario. Finalmente, consideró que «se trata de un régimen permanente con financiamiento, con control y respeto a la autonomía de cada persona«.
En sentido contrario, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) cuestionó la iniciativa y la calificó como «bastante oportunista».
En ese marco, sostuvo que el proyecto «no se analizó con todos los responsables que tienen que ver con el compromiso de la atención por discapacidad, comenzando por el Estado nacional y siguiendo por las organizaciones del sector», que, según remarcó, «no fueron consultadas».
Asimismo, advirtió que, debido a la rapidez con la que fue elaborado y consensuado, «ha habido un descuido a la mención de las convenciones» que la Argentina tiene suscriptas en materia de derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, planteó y fundamentó una serie de modificaciones al texto en debate.
Juliana Di Tullio (Justicialista) coincidió con los planteos de Vigo y consideró que las iniciativas presentadas por los senadores Linares y Fernández Sagasti representan propuestas «más justas para las personas con discapacidad, muy maltratadas por este Gobierno». No obstante, adelantó que su bloque acompañaría la firma del dictamen ante la proximidad del cierre del período de sesiones ordinarias. Al respecto, expresó su preocupación porque, según sostuvo, el Gobierno no tiene como prioridad «los derechos de las personas con discapacidad y sus familias», y aseguró que el acompañamiento al dictamen «no es lo último que vamos a hacer como bloque» en defensa de este colectivo.
Finalmente, la senadora Mariana Juri (Unión Cívica Radical – UCR) manifestó su satisfacción por la posibilidad de avanzar con el dictamen y destacó la importancia de «garantizar o encontrar los mecanismos suficientes» para asegurar el financiamiento de la futura ley. En ese sentido, consideró necesario coordinar con la Cámara de Diputados, que se encontraba tratando el Presupuesto Nacional, a fin de que los fondos destinados a su implementación «estén incluidos y garantizados» en las partidas presupuestarias.
Fuente: Senado.gob.ar
